Aerte critica la falta de "transparencia" del Consell en materia de dependencia

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado el Decreto 27/2023, de 10 de marzo, del Consell, por el que se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios. Desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la CV (Aerte) denuncian que se ha publicado sin que se haya hecho público el informe de incidencia económica para el sector y las personas usuarias que reclamaba el CJC en una de las observaciones esenciales que hizo en su dictamen sobre dicho decreto.

"Nos parece que no fomenta la transparencia en la decisión ni en las consecuencias que pueda tener para miles de personas usuarias afectadas", ha lamentado el presidente de Aerte, José María Toro, quien reivindica una "nueva normativa para el sector, pero con el presupuesto necesario para que no le cueste ni un euro más a nadie".

Desde Aerte destacan que en dicho dictamen se planteaban dos observaciones esenciales. La primera hacía referencia a que se estimaba que la norma debería venir acompañada por un informe la situación actual del sector y de la incidencia económica para las personas usuarias. La segunda indicaba que deberían valorarse las alegaciones llevadas a cabo por Aerte en relación con la memoria económica del proyecto para comprobar si efectivamente son correctas.

La conclusión del dictamen decía literalmente que “el Proyecto de Decreto por el que se regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales es conforme con el ordenamiento jurídico, siempre que se atiendan las observaciones esenciales formuladas.”

Diferentes fechas para plazas públicas y privadas

Aerte ha querido destacar que en las disposiciones transitorias también se recoge un periodo distinto de adaptación para los centros con plazas públicas y los que no las tienen. Por ejemplo, un centro de día para personas mayores privado tendrá que adaptar su personal a la nueva normativa antes del mes de marzo de 2024, mientras que un centro de día concertado tendrá un año a partir de que se apruebe revisión de los módulos económicos, lo que puede llevar meses. Es decir, que "las plazas privadas cumplirán con los requisitos del nuevo modelo mucho tiempo antes que muchas plazas públicas", señala la Asociación a través de un comunicado.

Aerte ha convocado una jornada informativa sobre el nuevo decreto para comentar los aspectos positivos y las cuestiones que están generando más dudas entre entidades y personas usuarias y que tendrá lugar el próximo martes 28 de Marzo en la sede de la CEV de Valencia. En la misma, participarán también la presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, Sacramento Pinazo, el presidente de la Federació Valenciana d’ Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer (FEVAFA), Santiago Llopis, y Esteban Burillo, Presidente de la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat Valenciana (APIME).