| 28 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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Ximo Puig y María José Catalá en la sesión de control
Ximo Puig y María José Catalá en la sesión de control

Puig se la juega al defender a Oltra y Catalá le recuerda que "está atado"

El escándalo relativo a la posible imputación de la vicepresidenta, Mónica Oltra, no ha podido pasar desapercibido este jueves en la sesión de control de Les Corts protagonizando el pleno

| Sonia García Edición Valencia

La síndica del PP, María José Catalá, ha indicado a Puig que su "principal lastre a su credibilidad" es Oltra. "Esto ya no se puede aguantar. Hay 13 imputados por la gestión de los abusos a una menor, por la apertura de una instrucción paralela", ha apostillado. En este sentido, ha preguntado al presidente del Consell: "¿A qué espera para cesar a Oltra? Su silencio delataba debilidad".

Frente a ello, Puig se apoya en el rechazo de la Comisión Europea hacia la denuncia de Oltra y ha respondido que confía "absolutamente" en la justicia, en Oltra y en los funcionarios de la Generalitat Valenciana y ha lamentado que se trata de un "intento permanente" de dañar la imagen del Consell y de Oltra. 

 

La diputada popular, Elena Bastidas, toma las riendas e insta a la creación de comisiones de investigación y ha pedido al presidente del Consell que asuma responsabilidades políticas.  "¿Sigue valiendo más un sillón que la dignidad de todo el Consell? ¿Asume como propias las actuaciones juzgadas? ¿ Asume que el caso Oltra será recordado como el caso Puig?", ha preguntado Bastidas a Puig. Para la sorpresa del parlamento valenciano, Oltra ha escurrido el bulto atribuyendo la responsabilidad de los abusos a menores tutelados a la síndica del PP, María José Catalá. Oltra vincula a la Conselleria de Educación de 2013 bajo el mandato popular. "Me acusan a  mi de una responsabilidad de la señora Catalá". 

También se ha pedido la dimisión de Oltra por parte de Ciudadanos.  La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino ha querido aclarar a Puig que "no hay una caería política, hay un juez que quiere saber la verdad y una niña que quiere justicia".  "¿Quién miente, el el juez o usted?", añade la diputada María quiles. La portavoz de Vox, Ana Vega, da un paso más allá y ha pedido directamente la dimisión del mismo Ximo Puig. Le pide que, si no es capaz de cesar a Oltra, dimita. "Señor Puig, márchese porque ya ha causado demasiado daño".  

Socios pro Putin

La oposición e incluso Compromís han coincidido en una cosa, la indignación ante la postura de los socios de gobierno de Ximo Puig de Podemos frente a la guerra de Ucrania. En concreto, a la negación de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Valencia ha condenar la invasión hace dos semanas. Para Catalá, Puig se muestra equidistante y le reprocha que "contra un dictador no cabe ni el titubeo ni la equidistancia". Una idea de la que participado Compromís, Ciudadanos y Vox. Las formaciones están de acuerdo en una cosa, la indignación ante la postura de Podemos. La portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino,  ha expuesto en la tribuna que a Puig le "pesa más la narrativa obsoleta hoz y el martillo que un hospital bombardeado". "No les importa dejarlos en manos de un dictador que multa a las parejas homosexuales. "Esto es lo que muestran e sus votaciones y en sus declaraciones en el Gobierno de España como también en Europa". 

 Por su parte, Puig ha reconocido que se dan casos particulares de "afecto" a la enseña de la hoz y el martillo dentro de su Gobierno. Respecto a la guerra, reitera que el Gobierno aporta recursos para acoger refugiados como los "20 tráileres" que partirán "en los próximos días" y responde a la síndica de Compromís, Papi Robles, a su petición de brindar más apoyo y legislar el acceso universal al suministro eléctrico que las competencias son "limitadas" y corresponde a la Unión Europea. En definitiva, ha negado el odio del gobierno valenciano hacia la bandera española y ha tapado las críticas hacia la ideología de sus socios de Podemos con las partidas económicas presupuestadas para la cooperación internacional.

Por otro lado, Catalá ha llevado a la tribuna el recurso de la Generalitat que acusa a los médicos de robar mascarillas. Puig ha negado haber "criminalizado a los sanitarios", aunque reconoce que "es cierto que había que controlarlo porque no había suficiente material".