| 02 de Febrero de 2023 Director Antonio Martín Beaumont

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Rus defiende su inocencia en el juicio de Imelsa: "Llevo 7 años esperando"

El exvicepresidente de la Diputación de Valencia se sienta en el banquillo de los acusados por los contratos falsos de la empresa pública por lo que se enfrenta a 12 años de prisión.

| Sonia García Edición Valencia

El expresidente popular de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, se sienta este lunes en el banquillo de los acusados por delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental. 

Rus ha llegado a la Ciudad de la Justicia de Valencia "muy tranquilo", pese a enfrentarse a 12 años de prisión que solicita la Fiscalía por los contratos "zombi" de Imelsa, la empresa pública dependiente de la Diputación, ahora rebautizada como Divalterra

Rus ha defendido ser inocente "siempre" y ha manifestado que "tiene ganas" de dar las explicaciones pertinentes "porque mis abogados no me dejan". "Llevo siete años esperando", ha expresado antes de entrar a la sala. "Tengo que estar dos meses aquí y me veréis todos los días", ha indicado a los medios de comunicación ya que el juicio de las piezas B y F del caso Taula-Imelsa se extenderán durante varias semanas con la declaración también de otros 25 acusados. 

Junto a Rus, se sientan en el banquillo más de una veintena de cargos del PP y del PSPV. Entre ellos, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV) y el ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, el exdiputado del PP Salvador Enguix y el exgerente de la empresa, Marcos Benavent, conocido como 'el yonky del dinero', por cierto, que ha pasado de ser colaborador con la justicia y revelar las manipulaciones de audios en la anterior pieza de la macrocausa a no querer dar declaraciones. 

Las piezas B y F investigan contratos "zombi" tanto en Imelsa como en Ciegsa, empresa pública dependiente de la Generalitat. Entre los años 2004 y 2014,  se procedía a la contratación de trabajadores que no desarrollaban ningún tipo de actividad relativa a la empresa, ofreciéndoles retribuciones y dietas sin justificación. También se sospecha que se cometían extinciones de contratos de trabajo con un elevado coste económico que, según la jueza, en pro "del enriquecimiento" de los falsos empleados "a costa de recursos públicos".