04 de Marzo de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Cada vez más personas huyen de las ciudades y buscan tranquilos entornos rurales

Cómo incentivar la repoblación de pequeños municipios ante la creciente demanda

Hace falta destinar más dinero para las familias, más dinero para los comerciantes y menos estorbo de las administraciones

“El pueblo de Castellón que ofrece trabajo y casa gratis recibe más de mil solicitudes en un día”. Decían en septiembre de 2020 en el Ayuntamiento de Zucaina que se quedaron sin papel para anotar tantas solicitudes. Y es que claro, con 162 habitantes censados a 2020 (habría que ver cuántos con residencia efectiva) las solicitudes multiplicaron por 10 a los vecinos. Eso sí, raro es que paralelamente no viéramos ninguna comisión creada en no se qué parlamento intentando buscarle solución al despoblamiento rural. Y es que la solución pasa por no formar parte del problema.

La tremenda reconfiguración de las preferencias individuales que ha provocado la Covid-19 ha tenido quizás uno de sus puntos más álgidos en la búsqueda de viviendas más grandes, ajardinadas y con espacio recreativo alejadas de la saturación propia de las urbes gentrificadas. Esta oportunidad no puede ser despreciada. Cabe recordar que a pesar que actualmente se encuentre en debate la elaboración del “Estatuto del Pequeño Municipio” la legislación vigente exige los mismos requisitos a nivel administrativo para Zucaina, con 162 habitantes, como para Catral (Alicante) con 8.898 o Aielo de Malferit (Valencia) con 4.625.

Cuando uno piensa en cómo incentivar la localización empresarial y dinamizar la actividad económica tiene claro que hay que acudir a tres pilares esenciales: rebaja de impuestos propios, facilidades logísticas y ayudas directas. ¿Por qué no aplicamos lo mismo en este caso?

En primer lugar, se debe abordar una reforma estructural del ya vetusto TRLH 2/2004 que coarta la maniobrabilidad municipal a la hora de aplicar bonificaciones y exenciones de los únicos 5 tributos locales (IBI, IAE, IVTM, ICIO y IIVTNU).

Un municipio con capacidad de fijar tipos de IBI super reducidos, que prácticamente sean nulos, a todas luces atraería a numerosos ciudadanos que actualmente se encuentran en la periferia pagando 800 y 900 euros anuales de recibo. Huelga decir que, si de verdad los gobiernos se involucran en esta necesidad, las bajadas de ingresos de los ayuntamientos deben de ir acompañadas de aumentos significativos en las transferencias de capital del Estado que hagan nulo el efecto para las ya mermadas arcas municipales.

El segundo pilar lo constituye la elaboración un plan de carreteras alejado del sistema radial. Anticiparse a las demandas de empadronamiento y potenciar las conexiones con las grandes autovías y carreteras provinciales y comarcales es vital para garantizar que los potenciales vecinos pudieran acceder en no más de 20 o 30 minutos a los núcleos de población referencia.

En tercer lugar, se ha de implementar un Plan de Impulso a la Demanda Directa Local que permita que las familias dispongan de mayor renta para destinar íntegramente a impulsar la actividad económica. La figura de los “bonos comida”, “bonos gasolina” o “bonos escolares” únicamente canjeables en comercios de la localidad y que no sean convertibles por dinero en efectivo permitirían inyectar de manera directa capital líquido en la economía local favoreciendo la creación de un tejido comercial propio.

Además, la aplicación de un IVA especial como es el IGIC (Impuesto general indirecto canario) para los empadronados en los municipios respectivos favorecería el comercio de manera directa e indirecta obligando a muchos productores a relocalizarse.

La forma de materializar estas medidas ha de ser objeto de un análisis mucho más pormenorizado y minucioso y por supuesto no puede ser dejada de la mano de manera individual para los municipios afectados. Las diputaciones provinciales juegan un papel determinante ya que son las verdaderas conocedoras de las realidades particulares de su propio territorio y deberían participar de una manera activa en la coordinación planificación, implementación y control de las medidas propias de una materia de corte tan local.

No hemos de olvidar cuáles deberían ser los tres principales objetivos de cualquier organización o institución que analice el problema rural: discriminar positivamente a los municipios más abandonados, conseguir que las familias que habiten tenga mayor renta disponible y obligar a que ese exceso de renta disponible sea gastado únicamente en comercios del propio municipio.

En definitiva: más dinero para las familias, más dinero para los comerciantes y menos estorbo de las Administraciones. En definitiva: que la solución no sea parte del problema.