Jorge Rodríguez (PSPV): "Podemos haber metido la pata pero no la mano"

Su presunta implicación en la Operación Alquería contra la corrupción, junto a otras cinco personas, le ha hecho hoy dimitir como presidente de la Diputación de Valencia. "Convencido de mi inocencia presento mi dimisión desde la lealtad a las instituciones y a la ciudadanía", ha dicho Jorge Rodríguez en una comparecencia pública (que no rueda de prensa como se había anunciado) en la que no ha admitido preguntas por estar la investigación bajo secreto de sumario. 

El político socialista, jaleado por sus seguidores al inicio y al final de su comparecencia, ha explicado que tras su llegada a la Diputación, hace ahora tres años, se planteó seriamente la disolución de la antigua Imelsa "pero estaban en juego el futuro de unas 600 familias", ha manifestado en alusión a los trabajadores de la actual Divalterra. "Quisimos crear un cordón sanitario con siete personas, dos cogerentes y un letrado-asesor", ha continuado explicando el expresidente.

Según Rodríguez, los siete contratados, objeto de la investigación judicial, "han desempeñado su trabajo hasta que hace unos meses, cuando surgieron las dudas -sobre su contratación-, decidimos despedirlos", ha agregado.

Los medios de comunicación esperando la comparecencia de Rodríguez, que se ha retrasado casi media hora

Rodríguez, tras hacer  pública su renuncia, ha asegurado que para demostrar su inocencia "será mejor hacerlo desde fuera que como presidente de la Diputación" y ha precisado que cuando se levante el secreto de sumario, explicará las circunstancias que rodean el caso Alquería. 

"Podemos haber metido la pata, cometido errores o irregularidades de carácter administrativo, pero ninguno de nosotros ha metido la mano en la caja. Podemos haber sido torpes, demasiado confiados pero no ladrones", ha declarado rotundo Rodríguez, que ha estado acompañado de su posible sucesor al frente de la institución, el vicepresidente de la Diputación, el socialista Toni Gaspar; de su jefe de Gabinete, Ricard Gallego; los cogerentes de Divalterra Agustina Brines (de Compromís), y Xavier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y el asesor de la Diputación Manuel Reguart . Todos quedaron en libertad con cargos el jueves, aunque permanecen imputados.

Rebeca Torró asumirá la alcaldía de Ontinyent

Aunque fuentes de la institución provincial apostaban por que Rodríguez podría seguir en la Alcaldía de Ontinyent, finalmente, la teniente alcalde y mano derecha del ex presidente le releva también en la corporación y el ayuntamiento.

La hasta ahora directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, dejará la dirección en la conselleria de Vivienda para asumir el acta de diputada provincial que queda vacante tras la dimisión de Jorge Rodríguez, y también asumirá las funciones de alcaldesa de Ontinyent tras delegar temporalmente el cargo el primer edil.

Si el candidato por el PSPV Toni Gaspar asumiera la presidencia, podría ser Rebeca Torró la que adquiriera sus competencias, es decir, dirigir el área de Hacienda en la diputación, la delegación de Asuntos Taurinos y la vicepresidencia segunda de la corporación.

La caída de Jorge Rodríguez resulta muy significativa en el ámbito político, ya que a sus 39 años representaba al sector de jóvenes valores de los socialistas valencianos. 

Ahora, la Diputación tiene 10 días para convocar un pleno extraordinario, que ratifique la destitución de Rodríguez y nombre al nuevo presidente de la institución. Dicho pleno podría producirse esta misma semana o principios de la próxima, ya que la urgencia de la convocatoria extraordinaria tan sólo hay que pedirla con 48 horas de antelación a su celebración. 

El secretario del pleno dará cuenta a la Junta Electoral del diputado provincial (que debe provenir de la misma región que al que sustituye) y se confirmará en otro pleno convocado en otros diez días naturales. De agotar los plazos, en algo menos de un mes podría estar resuelta la sustitución de Rodríguez tanto en su acta provincial como de la presidencia, que tendrá que ser votada por el resto de diputados provinciales.