| 26 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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El director de la Agencia Valenciana Antifraude (centro de la imagen), Joan Llinares, junto a las síndica del PP, Eva Ortiz
El director de la Agencia Valenciana Antifraude (centro de la imagen), Joan Llinares, junto a las síndica del PP, Eva Ortiz

Graves acusaciones del Defensor del Pueblo a Antifraude por el hermano de Puig

¿De qué pretende protegerse el Sr, Director de la Agencia?, ¿pretende silenciar la opinión del Síndic? Son algunas preguntas que lanza el defensor del pueblo valenciano

| Jonathan Martínez Edición Valencia

La guerra entre las dos instituciones valencianas sube de tono. La Agencia Valenciana Antifraude, que dirige Joan Llinares a propuesta de Podemos, trasladó a principios de mes un escrito a Les Corts en el que criticaba la intervención de la Sindicatura de Greuges-el Defensor del Pueblo valenciano- ante la negativa a facilitar al PP los expedientes sobre los hermanos de Puig, sin entrar en la cuestión jurídica que hay de fondo.

La portavoz del Grupo popular, Eva Ortiz, elevó este informe al TSJCV como garantía de que Antifraude estaba incumpliendo un derecho fundamental de los diputados en su negativa “sistemática” a facilitar los documentos requeridos en relación a las irregularidades sobre las subvenciones que recibían las empresas de Francis Puig.

Fue entonces cuando el magistrado decidió rechazar la documentación elaborada por la institución dirigida por el ex socialista Ángel Luna al entender que “no se trata de un hecho nuevo” y, en consecuencia, no resulta relevante a la hora de dictaminar la resolución judicial. En un ataque de indignación, Llinares arremetió contra el Síndico por su intervención en el procedimiento y aseguró que el juez no había admitido la queja porque no se ajustaba a la verdad. Es decir, que el Síndico había mentido.

No obstante, el Defensor del Pueblo valenciano ha contestado a Antifraude mediante una serie de consideraciones. Por un lado, incluyen un fragmento de la resolución dictada por el Magistrado en la que se acredita que “no califica ni valora la actuación de esta institución y mucho menos la critica o cuestiona”. Del mismo modo, sostienen que los más inquietante de la polémica generada por el director de la agencia es la “exhibición pública de una interpretación torticera” de la resolución.

“Lo que dicen claramente las citadas Providencias es que se rechaza la incorporación al procedimiento judicial por no venir referido al recurso del presente procedimiento, lo que resulta coincidente con nuestra tesis y muy alejado de la acusación del Sr. Director de la Agencia”, manifiesta la Sindicatura en su escrito a Les Corts.

Asimismo, deja claro que la institución, desde un primer momento, no iba a “valorar ni analizar”  en el expediente de queja promovido por Eva Ortiz como representante del Grupo Popular los hechos concretos que estaban siendo investigados por el TSJCV en dichos procedimientos.

Como tercera objeción, reprochan a Llinares que desde el punto de vista de la lealtad institucional, la oportunidad de “airear públicamente” las diferencias de opinión entre instituciones que vienen obligadas a ser “independientes e imparciales” sólo les corresponde valorar a los diputados de la Cámara. 

“Importa destacar que el Síndic de Greuges ha evitado entrar en una escalada de posicionamientos públicos contradictorios que sólo pueden provocar perplejidad a la ciudadanía”, recalcan.

También les resulta “difícilmente comprensible” que la agencia antifraude apele a la intervención de Les Corts en este asunto cuando la ley establece que la gestión de ambos organismos no podrá estar sujeto a instrucciones ni mandato imperativo alguno para “garantizar su objetividad, imparcialidad e independencia”.

“¿De qué pretende protegerse el Sr, Director de la Agencia?, ¿respecto de qué pide amparo?, ¿pretende silenciar la opinión del Síndic en materia de ejercicio de derechos fundamentales?. Ni las decisiones del Síndic, ni las del Director de la Agencia Antifraude son indiscutibles. Convendría que se tuviera claro esto”, incluyen en la misiva.

Por último, ruegan que se remita el escrito y los documentos que se adjuntan y el escrito de cierre de la queja a todos los síndicos de los Grupos Parlamentarios, así como a los diputados no adscritos de Les Corts, para su conocimiento y efectos oportunos.