Las ITV denuncian a la Generalitat por "fraude de ley" con la reversión pública

La reversión pública del servicio de las ITV podría acabar en los tribunales. A tan solo menos de 30 días para la finalización de la concesión y ante las advertencias del sector, la Generalitat pone sobre la mesa un decreto que les obliga a dar cita hasta el 30 de junio y amenaza con denunciar a aquellas que no continúen prestando el servicio mientras que desde las ITV apuntan a que con este decreto la Generalitat "incumple la ley".

Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana (Aecova) ha presentado un recurso a la Generalitat después de que el director de la Societat Valenciana d'ITV, Josep Albert, haya recordado que existe una resolución que les obliga a dar cita hasta el 30 de junio. El recurso de las ITV al que ha tenido acceso este diario denuncia que las obligaciones "son de imposible cumplimiento porque exceden de su capacidad jurídica y legitimación".

El portavoz de Aecova, Francisco Llopis, explica en declaraciones a ESdiario que la Generalitat "tiene la obligación de publicitar un concurso público, sino se trata de un fraude de ley. No es posible que digan compra lo tú, paga el servicio y  yo te lo pago a ti". Llopis recuerda que el decreto solo señala que las ITV pasarán a ser gestionadas por la administración pública y que fue en diciembre, cuando se había agotado el primer plazo, cuando la resolución del conseller de Economía, Rafa Climent, anotaba esta obligación de continuar prestando el servicio, pero sin ampliarles el contrato. Una resolución que se trata de "un acto recurrible en Reposición, de conformidad a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ya que ponen fin a la vía administrativa", según expone el recurso de reposición de Aecova.

Las concesiones finalizan los días 25 de febrero y 3 de marzo dependiendo de la estación. Desde Aecova insisten en que a partir de esos días ya no podrán facilitar citas a los usuarios. "Sin concesión no puedo facturar y no puedo pagara proveedores", explica Llopis. La Asociación ha solicitado en varias ocasiones una prórroga para llevar a cabo una "transición tranquila" ya que "el calendario de la reversión" es "un caos". "Primero se revierte la estación de Torrent, luego se forma a los trabajadores, luego solicitarán las acreditaciones que no tienen... No se ha respetado nada", lamenta el portavoz de Aecova. "Son 8 convenios y 7 empresas diferentes" lo que complica todavía más aún el proceso. Además Llopis advierte de que la Generalitat "no tiene medios". 

Por su parte, el portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Felipe Carrasco, ha denunciado que la Generalitat "ha sembrado el caos en las ITV con la chapuza de su reversión" y ha solicitado por registro en Les Corts la comparecencia del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, para "dar cuenta de la situación actual de las ITV en la Comunitat Valenciana".

El portavoz 'popular' ha advertido de que "esta reversión chapucera va a generar irregularidades legales e incluso puede provocar un cambio del decreto ante la posibilidad judicial de haya bloques en la parte privada y bloques en lo público". Carrasco también ha denunciado que los cálculos sobre el coste que ofrece la Conselleria de Economía "no son reales". "Hay un aumento del gasto que provocará cuatro millones de euros de déficit en las cuentas valencianas", ha remarcado.