Tasa turística: un sendero de paz Botánica que derriba alianzas en las alcaldías

El acuerdo ‘in extremis’ entre los socios del Botànic para regular por ley el cobro de una tasa turística a partir de 2023 garantizará al Gobierno valenciano encarar la recta final de legislatura con una imagen de estabilidad y cohesión, pero descargará sobre los municipios la enorme responsabilidad de tener que dirimir si finalmente la aplican o no. Una cuestión resuelta en las alcaldías gobernadas por el Partido Popular, que desde un primer momento se han opuesto de forma contundente a su aplicación en el marco de la ‘revolución fiscal’ que viene prometiendo el líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, pese a que todavía queda pendiente una mesa de diálogo con el conjunto del sector turístico y a que se trata de un modelo consolidado en las grandes ciudades europeas.

No en vano, esta decisión se ha convertido en un auténtico dilema en los municipios turísticos dirigidos por gobiernos de izquierda, donde las opiniones enfrentadas y la obligación de acatar las decisiones de partido podrían derivar hacia ‘crisis’ internas. Algo que ya está ocurriendo en el Ayuntamiento de Gandia después de que su alcalde, el socialista José Manuel Prieto, dijese, de forma tajante, en un encuentro junto a hoteleros de la ciudad, que no era momento de poner en marcha la tasa en un contexto de recuperación pandémica. Las declaraciones propiciaron una nueva polémica entre los dos socios de gobierno, ya que tras las mismas el grupo municipal de Compromís Més Gandia Unida emitió un comunicado recriminando su “unilateralidad” en la decisión y solicitando al primer edil un replanteamiento de esta posición.

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Un suceso similar al que se está produciendo en el Ayuntamiento de Valencia, donde el PSPV ha frenado las aspiraciones de Joan Ribó, al menos, hasta que se recuperen los niveles turísticos previos a la pandemia. La vicealcaldesa y portavoz del grupo municipal socialista de Valencia, Sandra Gómez, entiende que no es el momento de plantear este debate y pide “empatía y sensibilidad” con los colectivos que más han padecido los estragos de la pandemia: “No compartimos tampoco una postura que parece agresiva contra el sector del turismo, uno de los principales motores económicos de la ciudad. A la espera de ver cómo evolucionan las negociaciones y de si finalmente imperan las directrices de partido, parece que la tasa turística tampoco está destinada a lograr el consenso en la ciudad de Valencia.

Castellón y Oropesa mantienen la cautela

Otras administraciones prefieren guardar cautela a expensas de conocer la base del texto normativo de la ley, que previsiblemente se presentará antes de que finalice el primer trimestre de 2022. Es el caso del Ayuntamiento de Castellón, con la socialista Amparo Marco, y del Gobierno local de Oropesa, actualmente con Alcaldía de Ciudadanos pero aún en una legislatura en la que naranjas y socialistas se han turnado el máximo cargo institucional. Fuentes municipales de la capital de La Plana han evitado opinar al respecto afirmando que el ejecutivo municipal todavía no ha valorado la medida, mientras la alcaldesa socialista de Oropesa y actual concejala de Hacienda María Jiménez, cuyo partido gobierna con el apoyo de Cs, se encomendaba a la misma estrategia.

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Mucho más contundente ha sido el alcalde de Cullera y diputado de Turismo en la Corporación Provincial, Jordi Mayor, quien se ha mostrado tajante al asegurar que el municipio no aprobará la tasa turística porque  "no es el momento" ni considera que vaya a beneficiar al sector turístico, ya de por sí tocado por los efectos de la pandemia del Covid-19. El alcalde cullerense se alinea así con la posición mayoritaria del sector turístico de la localidad que nunca ha visto con buenos ojos la tasa. "Cullera será una ciudad libre de tasas turísticas", ha insistido el primer edil "porque ni las quiere el sector ni las quiere el ayuntamiento", recalca.

Los datos de recuperación turística que sitúan ya en muchos aspectos al municipio en cifras prepandemia indican una recuperación del sector. "Esa recuperación no se puede poner en peligro y menos con tasas que no solucionan el problema de la infrafinanciación de los municipios turísticos", ha dejado claro Mayor.

Jávea y Dénia, a debate

En la provincia de Alicante, tanto Jávea como Dénia todavía no tiene claro cuál será la decisión final que vayan a adoptar, si bien parecen inclinarse por la opción de no aplicarla. El alcalde dianense, Vicent Grimalt, no cree que sea "lógico" tener que delegar en los municipios tal responsabilidad, y asegura que así se lo hará saber a sus compañeros y compañeras de filas socialistas en Valencia.

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Por ello, ha señalado en declaraciones para La Ser que iniciará un proceso de diálogo con el sector turístico y municipios, aunque no cree que Dénia la vaya a implantar en 2023. No obstante, también reconoce que “no hay que rasgarse las vestiduras” al hablar de tasa turística y recuerda que hay países europeos y comunidades cercanas a la valenciana (como Cataluña y las Islas Baleares), donde está implantada la tasa turística y “no es ningún trauma”.

El además concejal de Turismo dianense reconoce que también es una inyección económica para el municipio, que ayuda a continuar con la promoción del turismo. Pero insiste en que no le han gustado las formas en las que se quiere implantar esta tasa turística y subraya que primero hay que hablar con el sector y con los municipios. 

Por su parte el alcalde de Xàbia y diputado autonómico del grupo Socialista en Les Corts, José Chulvi, señala que si se aprueba este Proyecto de Ley, desde Xàbia se someterá a debate del Consell Municipal de Turisme, para que sea este órgano, en el que están representados los partidos políticos y el sector afectado, el que consensue y decida.

Chulvi también considera que esta propuesta refuerza la economía local, al dejar a los Ayuntamientos la voluntad de decisión, e incide en que en Xàbia no se hará nada que no esté consensuado con el sector.