| 26 de Junio de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Gabriela Bravo y Mónica Oltra
Gabriela Bravo y Mónica Oltra

Oltra da la estocada mortal a la medida estrella de Bravo contra la prostitución

La conselleria de Igualdad acusa a la de Justicia de “arrogarse competencias”, de “estigmatizar” a las mujeres, y le recuerda que la regulación de la prostitución “es cosa del Estado”

| E. M. Edición Valencia

El pulso que mantienen el PSPV y Compromís a cuenta del debate sobre la prostitución, o mejor dicho la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por las medidas para sancionar a los clientes de prostitutas, sigue aumentando en tensión lejos de apagarse.

La vicepresidenta Mónica Oltra, titular a su vez de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, considera en un informe que la modificación de la ley de espectáculos públicos que plantea Gabriela Bravo para penalizar la prostitución "no resulta apropiada porque la erradicación de esta práctica es competencia estatal" y le acusa además de "arrogarse competencias" que corresponden a la propia Oltra.

 

En un informe cargado de reproches, la conselleria de Oltra advierte a Bravo que las competencias en materia de igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres corresponden a la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Es decir, a Oltra y no a Bravo.

Otra zasca de la conselleria de Igualdad a la de Justicia es que subraya que la regulación legal de la prostitución es una competencia estatal. Por tanto, la abolición de esta realidad no regulada "excede las competencias autonómicas, objetivo que pretende conseguirse con la propuesta de Gabriela Bravo".

Asimismo, el informe de Oltra ironiza que Bravo con su ley "sorprendentemente, se podría deducir que considera la prostitución como espectáculo público", ya que la incluye dentro de la ley de espectáculos públicos.

 

La conselleria de Igualdad, como ya ha hecho Oltra en público, se muestra contraria a las sanciones y cuestiona el modelo abolicionista de la prostitución por entender que la sanción no elimina la demanda, y que penalizar la demanda supone "de facto una sanción indirecta" a las mujeres prostituidas que agrava su vulnerabilidad.

La conselleria de Oltra acusa por tanto de “estigmatizar” a las mujeres y califica la propuesta de Bravo como “un discurso punitivista de la prostitución que sitúa en un marco de mayor vulnerabilidad a aquellas mujeres que ejercen la prostitución" y "se sanciona, en última instancia, la pobreza y la migración".