El Síndic de Greuges tercia en el derribo de Agrónomos

ESdiario ha tenido acceso al documento que el Síndic de Greuges Ángel Luna ha recibido del Consell Valencià de Cultura (CVC), el pasado 29 de marzo en contestación a su solicitud de aclaración del alcance del Informe emitido por el Órgano consultor acerca de las demoliciones llevadas a cabo en las denominadas naves traseras de la antigua Facultad de Agrónomos, ignorando por inexistente su interés patrimonial.

Como ya informó ESdiario en su día, el CVC aprobó en sesión plenaria de febrero un Informe bien documentado y argumentado que concluía que la carencia de una protección patrimonial explícita, definitivamente aprobada, es razón administrativa suficiente para considerar que las piezas demolidas carecían de valores patrimoniales propios. Pero el acuerdo careció de consenso.

El voto particular contrario emitido por seis consejeros, razonaba con no menor contundencia que los valores patrimoniales de la obra de los arquitectos Moreno Barberá y Borso di Carminatti, reconocidos por expertos y reclamados por numerosas instituciones académicas, culturales y profesionales, hubieran merecido una protección cautelar.

Naturalmente, hubiera sido deseo de la Presidencia de la Generalitat que el Informe de marras hubiera resultado unánime. Ya que ha tutelado este asunto bajo el mantra de “ampliación del Hospital Clínico”, hasta ampararlo con un Decreto de excepcionalidad dictado tras las demoliciones y comienzo de las obras.

Como la propia “controversia”, eufemismo utilizado por el presidente de la Comisión de Legado, el arquitecto Vicente González Móstoles, en su defensa del Informe, el debate no se hubiera producido si los grupos municipales de Ciudadanos y Partido Popular no hubieran presentado, aunque con diferentes matices, sendas solicitudes de dictamen al CVC precisamente sobre valoración patrimonial.

Un escrito imprevisto del presidente Santiago Grisolía, avalando la operación, al Conseller de Cultura Vicent Marzà había provocado un evidente malestar entre algunos miembros del CVC hasta el punto de que acabó rectificándose parcialmente y fue objeto de pregunta parlamentaria de los populares en les Cortes Valencianes.

Todo indica, según fuentes cercanas al grupo que lidera María José Catalá, que el asunto puede volver a las mesas del CVC. No es fácil seguir la justificación que el Síndic ha recibido provocada por la queja por ausencia de motivación, que el solicitante popular presentó tras recibir el Informe. La respuesta incurre en afirmaciones inexactas con respecto a la aprobación por diversos órganos colectivos y omite la existencia del voto particular (aunque sí lo adjunta a continuación del propio
Informe, como también consta en la página web), para terminar afirmando que “la valoración patrimonial se sustancia por medio de la acción administrativa competente” (sic), distinguiendo entre el “campo de estudio y valoración académica” y la “protección como es el caso”.

Sentencia sobre Tabacalera y el cine Metropol

Y no parece que el grupo popular municipal suelte esta presa. No le duelen prendas en recordar la sentencia sobre Tabacalera, pese a que fuera responsabilidad de su mandato y establecer las correspondientes similitudes. Y aunque la analogía es razonable y la sentencia taxativa, este extremo parece estar en el fondo de la queja porque el CVC no hace mención alguna a ello, pese a que los populares reiteraron su petición.

Del “expolio” de Tabacalera al de Agrónomos o la doble vara de medir del PSOE y Compromís

Mientras tanto en el Ayuntamiento se van tramitando licencias parciales para que las obras avancen y una profusión de informes complementarios de las distintas secciones, repletos de cautelas administrativas, al mismo tiempo que más de cuatro mil licencias de particulares esperan sobre la mesa durante años. Cinco en el caso del Cine Metropol, otra cuestión de carácter patrimonial, sobre la que ayer se conocieron novedades tampoco definitivas. No consta a este periodista que se hayan presentado quejas de particulares a la Sindicatura de Greuges por esta paralización injustificada.