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Cuidados en una residencia de mayores.

El Gobierno valenciano impide utilizar 3.000 plazas residenciales para mayores

La prohibición se establece a pesar de tener uno de los ratios más bajos de España, con un déficit de casi 22.000 plazas en la Comunidad Valenciana, según un informe reciente.

| M. Buquerín Edición Valencia

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra,  ha prohibido la ocupación del 10% de las plazas de los centros, que puede llegar al 15% en muchos casos, con el objetivo de que queden libres para llevar a cabo aislamientos, lo que va a provocar la pérdida de unas 3.000 plazas aproximadamente. Ante la situación, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha mostrado su rechazo a esta decisión por reducir de manera muy importante la capacidad del sector de atender a personas en situación de dependencia.

No obstante, precisamente ayer, se publicaba el informe "Situación y evolución de los servicios residenciales para personas mayores en España y en cada una de las Comunidades Autónomas (2010 / 2019)" de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en el que se recogía el déficit de casi 22.000 plazas en la Comunidad Valenciana, lo que la sitúa con el segundo ratio más bajo tras Murcia. Además, se debe tener en cuenta que en 2019 hay 149 plazas menos que el año anterior y 494 menos que en 2010.

"No entendemos que no se permita utilizar estas plazas cuando ayer se denunciaba por expertos del sector la necesidad de 22.000 plazas más", indicó José María Toro, presidente de AERTE. Asimismo, AERTE ha denunciado que la decisión "va en contra de lo que se había acordado con las entidades que operan en este ámbito en las anteriores regulaciones de mayo y agosto, modificando el criterio sin contar con el sector". 

El sector no ha cuestionado la necesidad de llevar a cabo los aislamientos en los centros, pero ha defendido la posibilidad de hacerlo mediante la reubicación de las personas residentes, o mediante espacios comunes adaptados, lo que permite mantener las plazas y la capacidad de atención del centro."La dependencia no se para por el COVID19. Esto va a provocar una mayor dificultad para atender a personas dependientes que necesitan estos centros, ya que reduce el número de plazas de la Comunidad Valenciana en casi tres mil plazas cuando ya cuenta con uno de los ratios más bajos de España" ha afirmado el presidente de AERTE.

La resolución también prohíbe los nuevos ingresos en centros que se encuentren en zonas de alerta 3, actualmente el 85% de la población de la Comunidad Valenciana, aunque no tengan brotes abiertos salvo emergencia social indicada por la VICIPI. AERTE se ha mostrado favorable a que estos centros puedan hacer nuevos ingresos para asegurar estos servicios a las personas que lo necesiten, como se estaba haciendo hasta ahora, con PCR negativa y aislamiento preventivo de diez días, lo que permite mantener un nivel de seguridad adecuado.

En este siento, desde la asociación destacan que "la imposibilidad de hacer nuevos ingresos puede bloquear algunas plazas hospitalarias que se liberan mandando a estas personas a centros residenciales. Esto puede provocar aún más presión en los hospitales".

Vacunación para los servicios de ayuda a domicilio

AERTE también ha planteado la necesidad de ampliar la campaña de vacunación e incluir a todas las viviendas tuteladas de atención a salud mental y, en el supuesto de las personas con dependencia atendida en sus domicilios, a los profesionales que les prestan servicio en sus propias casas.