La calculada solvencia de la ex consellera Alicia de Miguel

La sesión del martes en la Audiencia Nacional por el juicio que se sigue catorce años más tarde de que se produjeran unos hechos -normalmente contratos menores- que reparten sospechas de criminalidad entre veintiséis acusados, unos pertenecientes al entramado empresarial que encabeza Francisco Correa, otros a una presunta trama político-administrativa que cuenta con hasta tres consellers, altos cargos incluidos responsables de Secretarías Autonómicas y Direcciones Generales, y diversos funcionarios o personal de confianza, encabezada por el propio ex presidente Francisco Camps, tuvo como como protagonista a la que fue Consellera de Asuntos Sociales, Alicia de Miguel.

Apenas iniciado el interrogatorio por la fiscal anticorrupción, la acusada -que admitió también preguntas de los abogados de encausados “no conformados”- desplegó un cuidadoso organigrama de su conselleria, no olvidando indicar la cifra superior a dos millares de millones de euros durante el mandato y no eludió por sabido que resulte, admitir su responsabilidad y función política y deslindarla de las tareas administrativas propias de sus colaboradores. Lo que es habitual, tanto en la esfera pública como en la privada.

Admitió haber realizado un estudio detallado del sumario y, en consecuencia, haber conocido los datos y hechos ajenos en su día a su trabajo, en los que ahora se sustenta una acusación que descendiendo a un lenguaje coloquial llegó a tildar de tonterías. Muy seria por el contrario, no obvió -sin recurrir a la sobreactuación- esa queja amarga de quienes han sido diana de duraderas invectivas “provisionales” judiciales o mediáticas, y de sus perversas consecuencias en el entorno familiar, laboral e incluso económico. Pero estuvo contundente.

Y aunque la fiscal Concepción Nicolás -excusatio non petita- afirmó conocer con precisión y a través de los correspondientes diarios oficiales, el funcionamiento de una conselleria autonómica, parecía olvidarlo al enunciar cada pregunta concreta, ya fuera sobre las competencias de una Dirección General o sobre su capacidad contractual y la conformidad de una factura. De Miguel se mantuvo incólume, sin llegar a hacer uso del sarcasmo. Bien por el contrario, con exquisita cortesía, aunque exasperando en ocasiones visiblemente a la fiscal. Y firme, muy firme, al no admitir haber recibido indicación alguna de Camps, ni haberlo hecho ella misma a un tercer, a favor de ninguna contratación por menor que fuera, con las empresas de Álvaro Pérez -del que dijo le “importaba un bledo”- a las que el pago total por el trabajo realizado afirmó representar menos de uno de cada diez mil euros del presupuesto de su conselleria.

"Me importa un bledo el Bigotes": La declaración al juez de una exconsellera por la trama Gürtel

No desaprovechó su turno el letrado de Camps para insistir en la misma idea con respecto a su patrocinado -Delgado fue el único que intervino- y de nuevo la ex consellera no dejó lugar a dudas en cuanto a no haber tenido la más mínima insinuación al respecto.

Estuvo atenta su letrada Asunción Quinzá -más que el presidente de la Sala que por despiste daba por terminado el interrogatorio antes de tiempo- al desarrollo del cuestionario fiscal anterior, porque en la práctica sus preguntas permitieron a la acusada aclarar las dudas -reales o fingidas- con las que fueron recibidas algunas de sus respuestas. Hizo equilibrios al contestar sobre el que fuera su jefe de gabinete -hoy conformado – para sin cuestionar su profesionalidad y eficiencia, mostrar la profunda decepción por su actitud y por la falta de veracidad de sus acusaciones sobrevenidas.

A este periodista le sorprendió el interés específico del magistrado Mora, por las fechas de su primer mandato como Consejera Portavoz en el Gabinete Autonómico de Eduardo Zaplana. No más, que algunos de sus colegas valencianos estimen que pudiera aspirar a desembarcar legítimamente en el TSJ de la Comunitat. El magistrado conoce bien esta comunidad autónoma.

Más bronco resultó el interrogatorio a David Serra, entonces Secretario Autonómico de Deportes, a propósito del Open de Tenis. Y más correoso, con numerosas interrupciones y necesidad de aclaración por parte del presidente de la Sala. Y muy crudos los desmentidos a las declaraciones y conformidad de Pérez y Jordán, especialmente expresados en las respuestas a su propio abogado. También afirmó con contundencia no haber recibido jamás una sugerencia de Camps. Y ridiculizó el discursito de la boda exhibido por la Fiscalía, como el típico “peloteo” al cliente principal haciéndose el íntimo.

Para algunos observadores consultados, una sesión muy esclarecedora.