Imelsa: Toni Gaspar reconoce presiones para mantener el "amaño" del Call Center

El presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Toni Gaspar, ha declarado este lunes en calidad de testigo en el juicio de la pieza D del caso Taula-Imelsa que investiga un presunto amaño del 'Call center' de la empresa pública a la empresa Servimun S.L. El presidente ha afirmado que recibió una llamada de presión para no cerrar el 'Call center' por parte de Mariano López, el exsuegro del 'yonki del dinero'.

La pieza investiga a siete acusados, entre ellos el expresidente Alfonso Rus, que recientemente ha sido absuelto de otra de las piezas que conforman la macrocausa. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus en esta ocasión de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión; por su parte, al 'yonki del dinero', Marcos Benavent, -que en la anterior sesión se desvinculó de la adjudicación a dicha empresa- 'le atribuye los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado y le pide cuatro años y medio de cárcel. 

El pasado mes de marzo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirmaron que hubo amaño en el contrato del 'Call center'. También narraron cómo encontraron una carta escrita supuestamente por el exsuegro del 'yonki' dirigida a Alfonso Rus en la que defendía los intereses de Servimun y le pedía ayuda.

Benavent también se habría dirigido a Toni Gaspar para evitar que suspendieran la prórroga a dicha empresa. Gaspar a relatado que a finales de 2015, momento en el que se tenía que decidir sobre la prórroga del servicio del 'Call center', recibió una llamada del empresario Mariano López en la que le advirtió de que que si no había prórroga "se iba a dejar a mucha gente en la calle": "Y esto me enfadó muchísimo", ha dicho. "Me cabreé muchísimo. Se identificó como Mariano y me dijo que tenía la concesión y que qué íbamos a hacer", ha señalado. "Me cabreo con eso porque la llamada es improcedente", ha añadido.

El contrato del 'Call center', relativo a la gestión tributaria de servicios, se formalizó en junio de 2013 por un importe de 842.975,2 euros, sin IVA, distribuido en tres años. Según el fiscal, en 2015 López intentó presionar a varios diputados para que se siguiese con la "farsa" de la contratación. Sin embargo, no fue renovada ante, según el ministerio público, "los informes negativos y la comprobación de la inutilidad del servicio".

Gaspar, quien en 2015 ocupaba el cargo de vicepresidente de la Diputación y delegado del área de Hacienda, ha explicado al respecto que a finales de año le tocó revisar el asunto del 'Call center' porque se acababa el contrato y había que decidir si se prorrogaba y se aprobó en el pleno de la Diputación su suspensión para evitar duplicidades porque la corporación provincial ya tenía un servicio muy similar.