Máxima crueldad

El 17 de diciembre de 1997, Ana Orantes era asesinada por su exmarido, José Parejo, de la forma más cruel y espantosa, quemada viva como venganza a su valentía de haber contado su vida llena de cuarenta años de malos tratos junto a él en un programa de televisión. Fue el punto de partida, un antes y un después para considerar la violencia de género un problema de toda la sociedad y no solo de ámbito privado.

En 2004 se aprobaría la Ley Integral contra la Violencia de Género y en 2007 la Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. 

Han pasado 24 años del caso de Ana Orantes y los maltratadores siguen asesinando sin que parezca que se avanza en este tema por muchísimos motivos que se agolpan en esta temática.

Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, el número total de mujeres víctimas mortales a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003 hasta la actualidad en España es de 1.086, y en lo que llevamos de año han sido un total de 8 mujeres asesinadas.

 ¿Pero importa de qué forma y qué medio material ha sesgado esas vidas? Pues sí y mucho, pero no hay estadísticas sobre ello, cuando más mujeres han sido quemadas vivas, la realidad seria todavía más cruel pero es necesaria conocerla para intentar minimizarla. La estadística real de lo que pasa en temas de violencia no es completamente transparente en los medios y se omiten datos interesantes para poder ser  observadores del problema y pensar de forma objetiva en las posibles soluciones.

Pilar fue este pasado 26 de abril presuntamente rociada con gasolina y quemada viva por su marido César en su casa de La Bisbal del Penedés (Tarragona), intentando éste simular un intento de suicidio, pero ella pudo señalar a su pareja como culpable antes de fallecer “Ha sido este hijo de puta”. Aún existen personas que dudan con la “prisión permanente revisable", cuando no hay lugar a dudas, ocurre lo mismo con las agresiones sexuales grupales o individuales que a mi juicio tienen penas que deberían ser modificadas con penas más contundentes por el mero hecho del mensaje que debemos de dar a la sociedad en su conjunto en la defensa de la paz y de la convivencia humana.

La concesión del tercer grado o de la libertad condicional a energúmenos que saben los expertos que volverán a delinquir son errores de los que se habla poco y no se asumen los riesgos que pueden producir en la calle. Esto genera una injusticia e inseguridad general hoy reforzada por la poca o nula autoridad que cada vez más tiene nuestra policía abandonada por el sistema.

Recordamos también el caso de José Bretón, asesino de sus propios hijos de 6 y 2 años, el 8 de octubre de 2011, también de la forma más cruel y terrible, sin que el supuesto psicópata mostrara ningún signo de empatía o de emoción, con esa escasez de sentimientos. Este caso anterior nos recuerda al padre que ha desaparecido con sus dos hijas en Tenerife, tras amenazar a la madre que no las volverá a ver. Aunque las pesquisan continúan y no sabemos todavía si las criaturas están vivas o no, la alarma de este caso es máxima y la probabilidad de esperanza es bastante baja por lo que conocemos por los medios.

En la India desgraciadamente se registran al menos tres ataques con ácido a la semana, ellas son quemadas de esa forma tan cruel sobre todo en la cara, para desfigurarlas y aislarlas para que nadie las quiera y pierdan su propia autoestima, es una violencia accesible, barata, gratuita y con pocas repercusiones para el agresor en estos lugares en los que no reconocen los derechos humanos. Los países más poderosos y con mayor decisión y repercusión sobre el resto del mundo deberían de tomar serias medidas.

El derecho penal castiga los hechos ya probados y sus consecuencias, cuando en temas de violencia en general el derecho penal debería de contemplar de forma más contundente “la reincidencia violenta e incluso la no cooperación con la justicia”. Las medidas cautelares y de seguridad deberían de ser más estrictas para personas consideradas peligrosas por sus antecedentes, actuando más con “destierros” y “prohibiciones de entrada en municipios”, teniendo en cuenta también las reseñas policiales por historial delictivo continuado y no solo los antecedentes penales.

Los incumplimientos de las órdenes judiciales del alejamiento intencionadas deberían ser causa de justificación suficiente para pedir prisión provisional inmediata en la que la intervención psicológica y de terapia por los grupos de expertos sobre los agresores debería de ser obligatoria para poder salir en libertad.

*Policía Local. Grupo EmeDdona.