| 21 de Septiembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo
Consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo

Transparencia manipula una propuesta para desviar dinero a la 'ecopropaganda'

La consellera de Trasparencia, Rosa Pérez Garijo (EU), intenta 'colar' su ideario político a través de los presupuestos participativos

| Jonathan Martínez Edición Valencia

El encarecimiento de la tarifa eléctrica ha obligado a particulares y Gobiernos europeos a buscar soluciones de urgencia para intentar rebajar de algún modo los precios en una factura que durante estos días no deja de registrar nuevos récords históricos. En pleno debate sobre la creación de una empresa pública de energía que permita regular las tarifas y acabe con las prácticas oligopólicas del mercado eléctrico, una vecina de Valencia ha querido hacer su pequeña aportación en los presupuestos participativos de la Generalitat reclamando destinar una partida económica a la puesta en marcha de esta mercantil para “generar energía verde y distribuirla entre la ciudadanía y el tejido empresarial que lo desee con precios asequibles”.

La propuesta ha logrado cumplir con los requisitos decretados por la Conselleria de Transparencia -dirigida por Rosa Pérez Garijo(EU)- y ahora se encuentra en la fase de votación final junto con otras 92 sugerencias ciudadanas. En total se destinarán 100 millones a los proyectos más votados. No en vano, a pesar de poder votar esta propuesta en la web de la Generalitat bajo el título ‘Empresa Pública de Energía’, el informe de viabilidad de la propia Conselleria descarta llevar a cabo esta solicitud por resultar imposible a nivel técnico y jurídico.

Hasta 25 líneas dedicadas exclusivamente a justificar punto por punto de qué manera incumple la creación de esta empresa con la normativa. Pero en una práctica cuestionable y quizás algo tendenciosa teniendo en cuenta que se tratan de presupuestos participativos,  Transparencia sugiere en el último párrafo reformular la propuesta en una dirección muy diferente a la planteada por la vecina. “Sería viable la aportación de una dotación presupuestaria a IVACE para llevar a cabo acciones de difusión, comunicación, información, sensibilización y formación para el fomento de las comunidades energéticas locales, así como de otras alternativas para que la ciudadanía pueda disfrutar de una energía eléctrica más sostenible y económica (y ello con cargo al capítulo II de gasto)”, adjuntan en el escrito.

Se adultera así una medida con el fin de desviar 100.000 euros a la realización de ‘ecopropagandas’ que con mera voluntad política podría ejecutarse sin necesidad de hacerlas pasar por participativas. La manipulación, además, procede precisamente de la Conselleria de Transparencia, cuyo objetivo debe ser el de impulsar acciones de buen gobierno, así como garantizar la transparencia de la actividad pública de la Generalitat. 

Cabe tener en cuenta también que la energía solar tan sólo ha crecido un 4% en la Comunidad Valenciana durante los seis años del Botànic, mientras que en autonomías como Murcia el incremento se sitúa en el 66%, en Andalucía en el 68% ó en un 79% en Extremadura, según los datos publicados por la Red Eléctrica Española. 

Asimismo, el tiempo medio de espera para tramitar las solicitudes de plantas fotovoltaicas en la Comunitat se demora hasta un año, cuando en autonomías como Andalucía o Murcia es de un par de días. Del total de 421 solicitudes que se han registrado en la Conselleria de Transición Ecológica de Mireia Mollá (Compromís), hasta 300 han quedado fuera de plazo por no haberse tramitado transcurrido un año desde que se presentase la solicitud.