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Pelea entre los socios del Gobierno valenciano por el recorte de 500 millones
Los ajustes económicos van a poner a prueba la cohesión del gobierno valenciano. Compromís y Podemos rechazan los recortes económicos que considera inevitables el conseller de Hacienda.
Recortes económicos inmediatos. El gobierno de Ximo Puig estudia en el próximo pleno un plan de ajuste que supone un recorte de unos 50o millones de euros en los presupuestos actuales. El conseller de Hacienda, Vicent Soler (PSPV-PSOE), reconoce que la situación económica es "delicada". El ajuste de gasto está provocando marcadas diferencias en el tripartito valenciano. Podemos y Compromís han mostrado su oposición a una medida impopular y que se deberá concretar en la sesión del día 6 de septiembre.
El propio titular de Hacienda ha realizado un llamamiento a sus socios para que apoyen los ajustes de "cirugía fina". Tras las primera reuniones técnicas, Soler, en declaraciones a Radio Valencia, reconoce que esta situación "no es plato de buen gusto" y pide corresponsabilidad a sus compañeros de Gobierno para poder llegar a final de año.
Pero los reproches son cada vez más evidentes en las últimas horas. Podemos censura a Puig que aumente ahora la partida de subvenciones a dedo, (muy polémica en la pasada legislatura), coincidiendo con un tijetazo en los presupuestos que ahora será de 500 millones, pero que puede superar los 1.500 millones al acabar el año.
La otra pata del tripartito, Compromís, se ha pronunciado contra los ajustes que van a afectar a los ciudadanos. Los consellers de la coalición nacionalista han deslizado su negativa a que las partidas que gestionan sean aminoradas. Ahí está la gran cuestión. ¿Qué áreas se verán afectadas? Soler se compromete a no tocar ni un céntimo de Sanidad, Educación y Protección Social. Pero sus socios tienen dudas y esperan recibir la propuesta definitiva. En
Un bloqueo valorado en 1.800 millones
El bloqueo político en España, con un gobierno en funciones tras la investidura fallida de Pedro Sánchez y con presupuestos prorrogados, tiene un coste para la Comunitat Valenciana que ronda los 1.800 millones de euros, sumando las entregas a cuenta no recibidas, por la liquidación del IVA, la financiación de la dependencia, la condonación de la deuda de la Marina de València, así como por las inversiones que contemplaba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que fue tumbado en el Congreso y que condujo al adelanto electoral.
Al no haber PGE no se pueden actualizar ahora las entregas a cuenta, lo que le supone a la Comunitat Valenciana 450 millones de euros. En el conjunto del país, esta cifra llega a los 4.739 millones. Este dinero no se perderá, porque se cobraría dentro de dos años con la liquidación.
Sobre esta cuestión, la Generalitat de Catalunya anunció medidas legales contra el Gobierno central de Pedro Sánchez para reclamar el pago de esas entregas a cuenta. Ximo Puig rechaza esa decisión y apuesta por del "diálogo y por la solución más que hacer partidismo y confrontación" sobre este tema, según informa Europa Press.
Al no haber salido adelante los PGE que planteó el Ejecutivo socialista para el presente ejercicio, la Comunitat Valenciana no puede disponer de las medidas que incorporaba el proyecto económico, que incluían 281 millones de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 que no recibió, como el resto de autonomías, otros 237 millones por las dos décimas del déficit pactado con Bruselas, 450 millones por el incremento de las inversiones, 373 millones por la condonación de la deuda de La Marina de València y otros 50 millones por la financiación del sistema de dependencia.
