Se agota la paciencia

Cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció su intención de declarar el estado de alarma en marzo, en un contexto de escalada exponencial de la epidemia y un más que presumible colapso de nuestro sistema sanitario de no tomarse medidas, contó con el apoyo incondicional de todos los grupos políticos, que dejaron a un lado otras cuestiones que habían convertido el parlamento en un espacio bastante bronco en los últimos meses.

Las primeras prórrogas gozaron de un similar apoyo. Sin embargo, a medida que la situación epidemiológica mejoraba, el alargamiento del confinamiento y sus consecuencias económicas y sociales comenzaban a hacer mella en los ciudadanos y las diferencias políticas resurgieron con fuerza. Del apoyo se pasó a la abstención y de ahí al voto en contra. Esta prórroga será con seguridad la última si no hay un rebrote serio a corto plazo.

El derecho de manifestación no está prohibido durante el estado de alarma, puesto que dicho estado no restringe los derechos fundamentales de opinión y manifestación

Llama la atención, aunque no fuera algo imprevisible, que los primeros en desmarcarse fueran los socios independentistas del gobierno, cuyo apoyo y lealtad (por no hablar de carencia de verdadera voluntad de diálogo) en los últimos tiempos ha dejado mucho que desear. En el lado positivo, se aprecia una cierta vuelta al centro de Ciudadanos, bajo el liderazgo de Arrimadas, que si sabe jugar bien sus cartas, podría resurgir de sus cenizas y ocupar el puesto de partido bisagra al que inicialmente aspiraba.

Me intranquiliza sobremanera la desesperación de Sánchez, que sólo por lograr un apoyo más en esta última prórroga de 15 días, ni siquiera relevante y además sólo para que se abstuviesen, ha prometido derogar íntegramente la reforma laboral del Partido Popular. Sin entrar a valorar la reforma de 2012, promulgada en un contexto de fuerte crisis económica, lo que asusta ahora es la incertidumbre sobre lo que haya de sucederle, en un contexto económico y laboral todavía más desesperanzador.

El gobierno de Pedro Sánchez haría mejor en centrar sus esfuerzos en emplear el maná europeo para reactivar la economía, sin perder de vista que, pasado lo peor, tocará ajustarse un poco el cinturón. El estado de alarma se ha cebado además con un importante sector de la población que sobrevivía de la economía sumergida, y los esfuerzos del Ministerio de trabajo y del de Hacienda deberían ir por lograr que estas personas trabajen dignamente, con todos sus derechos, de modo que en situación de crisis no queden desamparados y fuera del sistema de prestaciones por desempleo y subsidios.

La paciencia de la ciudadanía está al límite y sufren ahora escraches políticos que no hace tanto los defendían cuando les ocurrían a sus adversarios. La gente desea manifestarse y se las ingenia para hacerlo. Pese a lo que el lego en derecho pueda creer, el derecho de manifestación no está prohibido durante el estado de alarma, puesto que dicho estado no restringe los derechos fundamentales de opinión y manifestación. Cierto es que pueden imponerse ciertas limitaciones por razones puramente sanitarias, pero siguiendo el principio de proporcionalidad y de mínima intervención.

El estado de alarma no lo justifica todo.

*Politólogo y abogado.