13 de Abril de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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De izquierda a derecha: Vicente Torres, Antonio Penadés y Joan Antoni Llinares.

¿Se desinfla el caso IVAM? Acción Cívica se aparta en la acusación principal

“Consideramos que los intereses de la ciudadanía se encuentran defendidos...” argumenta curiosamente tras su fuerte implicación en la acusación sobre la que pudiera recaer un defecto grave

| A. E. Edición Valencia

ESdiario ha tenido acceso al escrito presentado por la acusación popular que ejerce la asociación Acción Cívica contra la Corrupción, representada por la joven letrada Miriam Salmerón, en el que con la curiosa argumentación de que “consideramos que los intereses de la ciudadanía se encuentran defendidos por la representante del Ministerio Fiscal y por la Abogacía de la Generalitat …”, termina solicitando que se le aparte de la acusación en la que venía actuando en la pieza principal sobre la que, como informamos días atrás, pudiera recaer un defecto de forma grave, al haber sido dictado Auto de Procedimiento Abreviado -pese a juicio oral- por la Instructora de refuerzo Nuria Soler, tres meses después de expirar su comisión de servicios.

Según indican fuentes del entorno de la ex directora del IVAM Consuelo Císcar, de cuya defensa se ocupa el letrado valenciano Juan Molpeceres, resulta llamativo este abandono que califican de huida hacia delante, cuando su personación fue extemporánea, con la instrucción ya muy avanzada, e impugnada sin éxito por las defensas. De hecho, en la pieza separada 2, la que trata en exclusiva la adquisición de obra póstuma del escultor Gerardo Rueda, en su escrito de acusaciones y apenas sin argumentación, Acción Cívica se descolgó solicitando penas de cárcel de hasta doce años, llegando a duplicar la petición de la Fiscalía.

La misma letrada representa la acusación popular en el caso Taula, en el que recientemente se ha pretendido imputar sin conseguirlo a la que fuera edil popular y presidenta del Palau de la Música Mayren Beneyto. Lo que valió una severa reprimenda de la juez, no exenta de ironía, al Ayuntamiento de Joan Ribó -que ejerce en este asunto la acusación particular- y del fiscal Pablo Ponce que, sobre el recurso de los abogados municipales llegó a expresar “no puede ser más desafortunado”.

Acción Cívica contra la Corrupción, presidida por el abogado Antonio Penadés es una asociación sin ánimo de lucro, impulsada por el director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, antes subdirector del IVAM en el equipo que sustituyó a Císcar y quién presentó personalmente la denuncia contra la exdirectora. También Acción Cívica promocionó posteriormente la candidatura a la Magistratura del primer fiscal del caso, Vicente Torres. De hecho, la asociación se presentó en sociedad en el Centro Cultural Rambleta, en junio de 2015 en un acto público que protagonizaron Torres, Penadés y Llinares en amor y compañía, cuando el auto estaba ya iniciado a denuncia del tercero y, con el primero como fiscal, el segundo se incorporó a las acusaciones un  tiempoi después. Demasiadas coincidencias.

Es arriesgado adelantar acontecimientos, cuando se desconoce la resolución de la Instructora Nieves Molina ante el Recurso de Reforma presentado por Císcar. Y curiosa la tardanza en resolver definitivamente lo que desde junio de 2020 se espera la apertura del juicio oral. Un nuevo Recurso de Apelación ante la Audiencia parece más que previsible, en el caso muy probable de que la juez rechace el de Reforma.

Tantas incidencias (recuérdese que Císcar ha denunciado también investigación prospectiva y dilación indebida) añaden a los siete años de instrucción, y al archivo de las imputaciones de más de dos tercios de los inicialmente investigados, una nube de dudas sobre el procedimiento, que como en Taula o con Camps, pudieran acabar en severas discrepancias entre Ministerio Fiscal y Abogacía de la Generalitat, y en hartazgo de la Magistrada titular.

Por el momento, Acción Cívica se desmarca de la pieza principal, lo que pudiera ser, según explican a ESdiario desde el entorno de Císcar, un indicador de inconsistencia de las pretendidas acusaciones, eludiendo de esta manera el hipotético pago de unas costas judiciales que llegarían a ser cuantiosas ante una sentencia absolutoria. Y lesivas para la economía de esta Asociación sin ánimo de lucro que declara movimientos dinerarios anuales, inferiores a 10.000 euros.