| 28 de Noviembre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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El alcalde de València, Joan Ribó, y el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi.
El alcalde de València, Joan Ribó, y el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi.

Varapalo del Síndic a Ribó por el exceso de multas del APR Ciutat Vella

El PP insta a paralizar las cámaras y anular las sanciones tras la resolución del Síndic que desvela cómo el Ayuntamiento hizo caso omiso a la queja emitida hace cuatro tres meses.

| Sonia García Edición Valencia

Nuevo varapalo del Síndic de Greuges a gobierno de Joan Ribó. El Alto Comisionado de les Corts, ha emitido una resolución en la que insta al Ayuntamiento de Valencia a modificar el Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella por la avalancha de multas con las que el consistorio ha recaudado 1'2 millones de euros.

Ya en el mes de mayo, se dictaminó una investigación solicitando al Ayuntamiento que se inscriba en el registro "de forma automática a los residentes empadronados con el impuesto de circulación al día" puesto que en menos de un año se ha multado a más de 107.000 vecinos.

Pero el gobierno de Ribó hace de su capa un sayo y, tres meses después del vencimiento del plazo para la entrega de la documentación, el Síndic no ha recibido respuesta. Al contrario, Ribó defendió que el problema del exceso de multas se debe a que la mayoría "son turistas" y propuso reforzar las señales. 

En consecuencia, el Defensor del pueblo, Ángel Luna, concluye la resolución exigiendo al Ayuntamiento "Que modifique el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27/11/2020,
de creación del área de Prioridad Residencial (APR) Ciutat Vella Nord, junto con los requisitos, condiciones y procedimientos que rigen el acceso a esta a fin de dar cumplimiento al que se dispone en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y evitar a las personas solicitantes las molestias que no tienen el deber jurídico de soportar" y que realice la inscripción de oficio en el registro de matrículas con derecho de acceso a la APR Ciutat Vella Nord para los vehículos que disponen de tarjeta para los viandantes, concedida o en trámite, y lo comunique a las personas interesadas". 

Por su parte, la portavoz del PP en el ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha presentado una moción al pleno para que se suspenda las multas por circular en la APR  de Ciutat Vella “porque no cuenta con el apoyo de ningún colectivo, ni de los vecinos, ni de los comerciantes y ahora faltaba el varapalo del Síndic de Greuges pidiéndole que inscriba de oficio a todos los vehículos de la zona que pagan impuesto de circulación”.

En los meses de verano se han impuestos 40.000 multas, un 56% más en sólo dos meses.  Sólo en la cámara ubicada en la calle Corona se han puesto más de 27.549 multas, siendo una zona claramente residencial. Y en la ubicada en la calle María Cristina, lejos de evolucionar de una manera decreciente, han incrementado desde julio en más de un 600%.

Catalá recuerda que "advertimos de la problemática, los afectados pidieron reunirse con el gobierno y como respuesta sólo obtuvieron un cerrojazo a Ciutat Vella y una cascada de multas que ha aumentado la caja del Ayuntamiento". A su juicio, tras el comunicado del Síndic, Ribó "debería pedir perdón a todos los afectados y, de una vez por todas, detener un proyecto que acumula un problema detrás de otro".

Para la portavoz popular es necesario que se replanteen seriamente la situación porque con la cesta de la compra desbocada y la vuelta al colegio más cara de la historia “es tiempo de rebajas fiscales, pero el alcalde Ribó sigue queriendo hacer caja para seguir regando con ayudas a los grupos catalanistas que han recibido cerca de un millón de euros en subvenciones a dedo”.

La moción presentada por el PP reclama que “se suspenda la aplicación del régimen sancionador regulado en el APR de Ciutat Vella Nord que entró en vigor el pasado 1 de diciembre de 2021, hasta que se alcance un consenso con residentes, comerciantes, hosteleros, profesionales, centros educativos y entidades culturales y festivas del barrio”.

Asimismo en la moción del PP se pide que “no se tramiten, se anulen y se dejen sin efecto las sanciones impuestas desde el pasado 1 de diciembre hasta la fecha”, y añade la moción que “se habilite por el Ayuntamiento de Valencia una oficina de reclamaciones, que sirva, para que desde el consenso y el acuerdo de todas las personas y colectivos afectados por la implantación de la APR de Ciutat Vella Nord, se arbitren soluciones para favorecer la obtención de autorizaciones a todas las personas y colectivos que tienen necesidad de acceder al mismo, así como se contemplen las demandas de residentes, comerciantes, profesionales y hosteleros respecto a las condiciones de aplicación y ordenación de la movilidad en la misma”.

Los populares recuerdan en su moción que “el artículo 20 de la Ordenanza de Movilidad, en su apartado segundo establece los objetivos que debe cumplir la implantación de una APR, sin embargo, dicha implantación en el área geográfica denominada “Ciutat Vella Nord”, dista mucho de cumplir los objetivos recogidos en el citado precepto, toda vez que ni con anterioridad a su implantación ni actualmente se han establecido medidas para medir y controlar las emisiones de contaminación acústica y/o atmosférica del área, y tampoco está previsto la realización de estudios sobre esta materia para comprobar la incidencia de esta medida en los diversos registros que miden los índices de contaminación acústica y atmosférica por el tránsito de vehículos”.

Además, “no ordena adecuadamente ni mejora la movilidad en dicho ámbito al haber creado recorridos como los denominados “bucles” que penalizan y perjudican la accesibilidad de los propios residentes, así como de los comerciantes y titulares de actividades económicas que desarrollan su negocio en el interior de la APR”.

El PP afirma que “la oposición y el cuestionamiento de la aplicación de la APR “Ciutat Vella Nord” es unánime, desde residentes a colectivos festivos radicados en el ámbito, desde profesores a padres de alumnos y desde comerciantes y hosteleros a proveedores de servicios, todos coinciden que el momento elegido no es el más oportuno, las condiciones de su aplicación dejan fuera a muchas personas y colectivos de poder acceder a la APR, la complejidad y la procelosa tramitación de las autorizaciones dificulta su obtención, y si a todas estas circunstancias unimos la falta absoluta de acuerdo y consenso, lo que se ha conseguido es el efecto contrario, esto es el rechazo”.