| 28 de Septiembre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Imagen archivo de la audiencia nacional.
Imagen archivo de la audiencia nacional.

Los fondos internacionales de inversión y el anticipo del efecto de la crisis

La Audiencia Nacional señala la competencia de los Juzgados de instrucción para seguir la investigación de la querella de los pequeños accionistas contra Alpinvest y el fondo JZI.

| Sergi Tarazona Edición Valencia

Según informa el portal especializado en economía, Economia3.com,  la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido desvincularse de la investigación por querella de de los accionistas minoritarios (Gedesco y Toro Finance -conocida como Bravo Capital-) contra los fondos internacionales JZI y Alpinvest, para que se sigan en los Juzgados de Instrucción. El auto de la Audiencia Nacional opta sin perjuicio de que la tramitación de la causa pueda devolver la investigación, para el conocimiento de los hechos del proceso, a la propia Audiencia Nacional.

La investigación se inició en el mes de mayo después de que estos accionistas minoritarios interpusieran una querella contra JZI y Alpinvest en las que se denunciaban una serie de malas prácticas de estos fondos. Por este motivo, la investigación se centra en los delitos de Administración Desleal o Fraude. Según los querellados, JZI forzaba a las compañías de Gedesco (denunciantes) a prestar dinero a sociedades en riesgo extremo, con grandes expectativas de beneficio, fondeadas por el Grupo JZI como accionistas mayoritarios de las mismas, evitando responder de los fallidos cuando estos se producían. Este caso de desprestigio de fondos internacionales de inversiones anticipa, según fuentes del sector económico, efectos de la crisis.

La Audiencia Nacional ha tenido a bien inhibirse de dicha investigación y decidir que esta siga en los juzgados territoriales de instrucción, a diferencia de otras investigaciones relacionadas con entidades de crédito que si fueron juzgadas en la Audiencia Nacional.

60 millones de euros

La investigación judicial cuestiona las actuaciones en España de los fondos Alpinvest, propiedad de The Carlyle Group y del financiero internacional David Zalaznick como último responsable del presunto fraude. Ambos participaron en el gran fiasco del grupo Ombuds que acabó con más de un millar de despidos y llevó a la quiebra en 2019 a todas las sociedades de seguridad del grupo.

Fuentes judiciales de la investigación apunta hacia la derivación de responsabilidades fiscales a Alpinvest y grupo JZI, que la hacienda española persigue y que pudiera superar los 60 millones de euros como causa de la querella que la Audiencia Nacional ha señalado que deberá de seguirse en los juzgados de instrucción de Valencia y Madrid entre otros.