Un fiscal desmonta el relato de Sánchez sobre la Fiscalía y avisa del peligro de las órdenes en casos concretos

La frase de Pedro Sánchez sigue persiguiendo al Gobierno como una sombra alargada: “¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién? Del Gobierno, ¿no? Pues ya está”. Aquella confesión, pronunciada con una naturalidad pasmosa, se ha convertido con el paso del tiempo en una de las mejores radiografías del sanchismo: una forma de entender las instituciones como piezas al servicio del poder político.

Ahora, en plena polémica por las maniobras en torno a la actuación de la Fiscalía en procedimientos especialmente sensibles para el Gobierno, el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, un fiscal ha puesto negro sobre blanco en ESdiario TV una cuestión esencial: sobre el papel, la Fiscalía no depende del Gobierno. Pero el problema, como tantas veces ocurre en la España de Sánchez, no está solo en lo que dice la ley, sino en cómo se utiliza el poder.

El fiscal explicó que el Ministerio Fiscal tiene reconocida su autonomía tanto en la Constitución como en su propio Estatuto. Sin embargo, esa autonomía queda seriamente comprometida cuando la estructura jerárquica de la Fiscalía permite que desde arriba se impartan órdenes concretas sobre casos concretos. Y ahí está la clave del debate.

La Fiscalía no puede funcionar como una correa de transmisión del poder

El representante de los fiscales recordó que el Ministerio Fiscal se rige por cuatro principios: legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica. Los dos primeros son esenciales en un Estado de Derecho. Los otros dos, en cambio, no pueden convertirse en una excusa para condicionar el criterio profesional del fiscal que lleva un caso.

Porque una cosa es garantizar que la Fiscalía actúe con criterios homogéneos en toda España, y otra muy distinta es que un fiscal reciba instrucciones particulares que puedan alterar su posición en un procedimiento judicial concreto. Eso, en términos políticos, tiene un nombre evidente: presión.

Y en términos institucionales, genera una consecuencia demoledora: la pérdida de confianza de los ciudadanos en la imparcialidad del Ministerio Público.

El fiscal del caso debe estar blindado

La advertencia lanzada en ESdiario TV fue clara: si España quiere avanzar hacia un modelo en el que los fiscales asuman la instrucción de las causas penales, antes hay que cambiar radicalmente las reglas internas del Ministerio Fiscal.

No basta con proclamar que la Fiscalía es autónoma. Hay que garantizar que el fiscal que investiga o acusa en un caso concreto no pueda ser inquietado por sus superiores con órdenes singulares.

Porque si un fiscal puede recibir instrucciones para no pedir una diligencia, no solicitar un registro, no reclamar una intervención telefónica o modificar su criterio en plena causa, entonces la independencia queda dañada. Y no solo la independencia real, sino también algo igual de importante: la apariencia de independencia.

En democracia, las instituciones no solo tienen que ser limpias. También tienen que parecerlo. Y ahí el Gobierno de Sánchez acumula demasiadas sombras.

El caso de las mascarillas y la sospecha permanente

La polémica actual afecta al juicio de las mascarillas y a las discrepancias internas sobre la posición que debe mantener la Fiscalía. El fiscal encargado del caso puede tener un criterio técnico, jurídico y procesal; pero si desde la cúspide de la Fiscalía se le impone una instrucción concreta, el ciudadano tiene todo el derecho a preguntarse qué está ocurriendo realmente.

Más aún cuando se trata de procedimientos con una evidente carga política y con ramificaciones incómodas para el entorno del poder.

El fiscal consultado explicó que, en muchos procedimientos, la atenuante de confesión puede operar de una forma u otra en función de la colaboración prestada por el acusado y de su utilidad para la acusación pública. Es decir, no estamos ante una extravagancia jurídica, sino ante una práctica procesal que debe valorar el tribunal.

Pero si esa valoración técnica acaba contaminada por una orden superior, el precedente resulta preocupante.

Sánchez, la Fiscalía y una frase que lo explica casi todo

Por mucho que desde el Gobierno se intente presentar cada polémica como una conspiración de la derecha, lo cierto es que fue el propio Pedro Sánchez quien abrió la caja de los truenos cuando dijo aquello de que la Fiscalía dependía del Gobierno.

Esa frase no fue un desliz menor. Fue una declaración política de enorme gravedad. Porque revelaba una concepción patrimonial de las instituciones: la idea de que los resortes del Estado pueden y deben alinearse con los intereses del Ejecutivo.

Y desde entonces, cada nueva controversia en torno a la Fiscalía se interpreta bajo esa sospecha.