"Presiones políticas". Con esta contundencia define el Colegio de Abogados de Valencia el insólito ataque de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, a varios órganos judiciales que le han asestado en los últimos meses un severo varapalo por varias de sus decisiones, como el polémico decreto sobre plurilingüismo, los conciertos educativos o la difusión de los datos de un menor que, supuestamente, fue víctima de abusos sexuales en un colegio religioso.
"Charcos"
Después de que los portavoces de las distintas asociaciones judiciales salieran a una para defender su independencia, ahora ha sido el decano de los abogados valencianos, Rafael Bonmatí, el encargado de recordar a Oltra -utilizando las propias palabras de la líder de Compromís- que "los jueces no pisan charcos que no les corresponden".
Los colectivos jurídicos y judiciales consideran "inaceptables" las críticas de Oltra al Tribunal Superior de Justicia por haber paralizado el decreto de plurilingüismo y haber devuelto cautelarmente el concierto de Bachillerato a dos centros educativos: La Purísima de Valencia y Domus de Godella. "Un tribunal no puede ser una segunda Cámara y para tomar decisiones hay que presentarse a las elecciones", defendió el viernes Oltra.
Pero Bonmatí exige "cautela" con este tipo de declaraciones para que "cada uno pueda hacer su función con tranquilidad". "Ni un magistrado debe meterse con los políticos ni los políticos con los magistrados. Las diferencias se deben dirimir con respeto", enfatizó el decano de los letrados valencianos.
En esta línea, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, defendió la independencia del TSJ valenciano y pidió respeto para su trabajo. "Las resoluciones pueden ser cuestionadas, pero con argumentos jurídicos y no atacando a los jueces. En un estado de derecho solo los jueces pueden valorar jurídicamente los pleitos porque no son parte interesada. Si hay discrepancias está la vía del recurso, pero no se debe deslegitimar el sistema de Justicia", recalcó.
Más respeto
Por su parte, Esther Rojo, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, coincidió con la necesidad del escrupuloso respeto a la separación de poderes y en la vía de los recursos. "Resultaría prudente ponderar las manifestaciones que en el ejercicio de la crítica legítima puedan generarse desde la política", afirmó.
“Si alguien dice que el TSJ hace política y no aplica el derecho está imputando prevaricación judicial, está calumniando”, concluye la diputada popular Ferrer, que opina que Oltra es "una vicepresidenta conversa, que cambia de lado y de pensamiento. Lo que hizo fue mostrar una rabieta institucionalizada, pero en su papel de vicepresidenta debe abstenerse de ese tipo de comentarios. Quien no respeta las decisiones judiciales es Oltra".
