La canallada del independentismo catalán a España se topa con una ley

Si a alguien le quedaba alguna duda de que lo que persiguen Artur Mas y sus comilitones no es sólo la independencia de Cataluña sino sobre todo una voladura de los pilares sobre los que se sustenta España -unidad, igualdad y solidaridad- este martes quedaron todas despejadas.

Justo el día en que el BOE publicaba el cese de Mariano Rajoy y su Gobierno, que desde ese momento está en funciones, Junts pel Sí activó otra carga anunciando un preacuerdo con la CUP que, si bien tendrá que ser ratificado por la Asamblea de este domingo, acabará sellándose más pronto que tarde. Con Mas como presidente, claro, pese a que los cuperos juraron por la memoria de León Trotski que jamás respaldarían a un "corrupto". 

No es la primera vez que el independentismo catalán aprovecha cualquier debilidad para, como las hienas, lanzarse a por su presa. Ya lo hizo con la famosa declaración que aprobó el Parlament el 9 de noviembre, dos semanas después de la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones el 20 de diciembre. Tal vez creyeron ingenuamente que habían pillado al Estado a contrapié y se encontraron con una reacción inmediata del Tribunal Constitucional y, enfrente, al Gobierno, al principal partido de la oposición y a Ciudadanos. 

Ahora Mas, Oriol Junqueras y el resto recurren nuevamente a esa vileza a sabiendas de que en la práctica a día de hoy el Ejecutivo no tiene plenos poderes y de que tras los resultados del domingo las negociaciones en Madrid se prevén largas y tortuosas. Tal es así que puede que España se vea abocada a unas nuevas elecciones en primavera si ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez consiguen formar Gobierno. 

No obstante deben saber los independentistas que el Ejecutivo, aun en funciones, sigue teniendo poderes para actuar si intentan algo. Fuentes de La Moncloa se apresuraron a recordar este martes que para ello está la Ley del Gobierno 50/1997: "El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos" absteniéndose de adoptar cualquier otras medidas "salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique". Y éste lo sería, desde luego. Este riesgo inmediato puede concretarse a partir del domingo, en función de lo que decida la Asamblea de la CUP.

En su comparecencia de este lunes para valorar los resultados electorales, Rajoy dejó claro que dos de sus líneas rojas para negociar cualquier acuerdo de investidura son la unidad de España y la defensa del orden constitucional. Se supone que para Sánchez la convocatoria de un referéndum en Cataluña tampoco es una opción, pero en paralelo cualquier posibilidad de ser presidente para él pasa por Podemos. Y Pablo Iglesias ya ha reiterado que él quiere que los catalanes voten y decidan, y que no renunciará a ello. 

Qué otra cosa puede hacer el líder de Podemos teniendo en cuenta que su marca catalana, En Comú, fue la más votada en las elecciones del domingo precisamente gracias a un discurso como ése, que recogió el voto de la CUP, que no se presentó a los comicios.  

La incongruencia para Sánchez no es sólo Podemos. Es peor. Puede darse la situación de que el líder del PSOE se vea tentado de recurrir a los 9 diputados de ERC; o a los 8 de Artur Mas. ¿Y entonces qué? ¿Seguiría mangoneando el independentismo -antes conocido como nacionalismo moderado- en el Congreso, como lleva toda la democracia haciendo?