La amnistía perseguirá a Sánchez en las urnas: el debate durará muchos meses

La Ley de Amnistía se ha convertido en un mal sueño para Pedro Sánchez. Cegado por sus ansias de mantenerse en el poder de La Moncloa, es muy probable, el presidente del Gobierno no se planteó -en el marco de su investidura- la inmensidad de problemas legales, institucionales y, ni tan siquiera, el desgaste político que la medida de gracia, más bien de amnesia, mantiene en su haber.

Habiendo superado, en el segundo intento, el calvario en el Congreso, con ese pulso ganado -demostrando poder- de Junts al votar no a la aprobación del texto final en el primer gran examen de la amnistía, ahora tocan tres paradas más en el via crucis que el propio Sánchez se ha buscado: primero, la dilatada -por el PP- tramitación parlamentaria en ciernes de la Ley en el Senado con un demoledor informe de sus Letrados calificándola de ilegal y, de guarnición, la exigencia de la Mesa de la Cámara Alta al Congreso de que la paralice en un inédito conflicto entre ambas Cámaras; segundo, una vez que la amnistía se apruebe, el magistrado Llarena podrá -lo más probable- emitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que haría paralizar, al menos, la aplicación de la norma en Carles Puigdemont; y, tercero, el Partido Popular ya ha anunciado que recurrirá la amnistía ante el Tribunal Constitucional y la justicia europea. 

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La cuestión prejudicial que afectará a Puigdemont

Una vez que la Ley de Amnistía entre en vigor, "el magistrado Pablo Llarena puede emitir una cuestión prejudicial al TJUE cuando, para resolver sobre la solicitud de aplicación de la ley de amnistía, entienda que la misma puede conculcar el derecho de la Unión", explica a ESdiario el abogado Pablo de Palacio. Y, advierte el experto consultado, "⁠las cuestiones prejudiciales tardan aproximadamente entre un año y medio y tres años en resolverse", aunque todo depende de si se emite la cuestión prejudicial con carácter de urgencia o no, previa justificación.

En cualquier caso, y aquí reside el problema para Pedro Sánchez, se dispone el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, "en los casos a que se refiere el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la decisión del órgano jurisdiccional nacional que suspende el procedimiento y somete el asunto al Tribunal de Justicia será notificada a este último por dicho órgano jurisdiccional". Es decir, la suspensión de la aplicación de la Ley se vuelve implícita cuando un juez decide emitir una cuestión prejudicial: es lógico que si un juez -como LLarena- consulta al TJUE si una Ley que está aplicando va o no en contra del derecho comunitario, no la aplique hasta que se resuelva.

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Los jueces que no tendrían la obligación de suspender la aplicación de la Ley, aunque también pueden hacerlo hasta que el TJUE resuelva, si así lo deciden, son aquellos que estén tramitando otros procedimientos idénticos a aquel respecto al que se ha planteado la cuestión prejudicial.

En otras palabras, si el magistrado LLarena, quien debe aplicar la amnistía a Puigdemont, decide emitir una cuestión prejudicial al TJUE porque considera que la Ley va en contra del derecho comunitario, se paralizaría la aplicación de la medida de gracia en el recientemente presentado como candidato a la Generalitat por Junts. Un nuevo varapalo para Pedro Sánchez. Y otros jueces que deban aplicar la amnistía a otros condenados por acometer delitos en el marco del procés, también podrían hacerlo. 

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El recurso del PP ante el Tribunal Constitucional

En otro orden de cosas, tal y como ya ha confirmado el PP, una vez que se apruebe la Ley de Amnistía, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional ante la "palmaria ilegalidad de la Ley", aseguran fuentes populares consultadas. Y también, advierten los de Feijóo, la recurrirán ante la justicia europea.

Máxime, recuerdan, tras el demoledor informe de los Letrados del Senado. Es por ello que el PP ha emplazado el pasado martes al Gobierno de Pedro Sánchez a "rectificar" y "retirar" la Ley de Amnistía tras el "demoledor" informe de los letrados del Senado que "demuestra que cuando los profesionales pueden opinar libremente dicen sin reparos" evidencian que se trata de una norma que "revienta los principios de la Constitución", aseguran los populares.

"Hay que tener en cuenta que contra la promulgación de una Ley pueden presentarse, por ejemplo, cuestiones o recursos de inconstitucionalidad ante el TC. Si se llega a este caso, mi interpretación es que, hasta que no se resolviesen estas cuestiones o recursos, la ley en sí (efectos incluidos) deberían permanecer en suspenso", remarca a ESdiario el abogado Carlos Cotón.

En conclusión, tras el calvario que Pedro Sánchez está sufriendo para aprobar definitivamente la Ley de Amnistía, se le aproxima otro que -todo parece- le acabará por desgastar todavía más: la aplicación de la medida de gracia. Y en pleno proceso electoral.