La nueva vida de Ábalos: 22.000 euros menos y asiento entre Vox y BNG

José Luis Ábalos, tras 40 años en el PSOE, estrena nueva vida con unos curiosos compañeros de grupo: los restos de Podemos con sus cuatro diputados, UPN, el BNG y Coalición Canaria. El ex ministro acaba sentado en el ‘gallinero’ del Congreso y junto a los escaños de Vox. Y con un sueldo rebajado en 22.373 euros anuales al cesar como presidente de la Comisión de Interior.

Este último aspecto, dejar la presidencia de la Comisión de Interior, es lo que más le va a afectar económicamente, pues su sueldo mensual pasará de 6.758 euros a 5.160 euros, lo que supone 61.926 euros al año. Asimismo, Ábalos tendrá derecho a 1.750 euros que se quitarán del Grupo Socialista y estarán a su disposición para gastos de su actividad parlamentaria, como pudiera ser contratar un asesor o la famosa secretaria que aseguró que no tiene.

Ábalos ha perdido también un despacho junto a los demás presidentes de comisión y a poder utilizar los coches de los que dispone la Cámara Baja, pero podrá seguir yendo por Madrid sin problemas porque mantiene la tarjeta para taxis que el Congreso facilita a los diputados con un límite anual de 3.000 euros.

Ábalos ahora se sentará junto al diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, y el parlamentario de Vox por Málaga, Carlos Hernández Quero. Curiosos compañeros para conversar en las largas sesiones del Congreso. Además en su nuevo grupo, el mixto, contará con compañeros como la ex ministra Ione Belarra, otra de las víctimas del sanchismo -ella además de Yolanda Díaz-.

Lo que también mantiene Ábalos es el aforamiento. Esto no le exime de ser investigado o ser llamado como testigo en el caso Koldo, como bien ha dicho el ex ministro, pero sí que pasara a ser investigado por el Tribunal Supremo y no por el juez del caso Koldo.

Varios diputados del PSOE, ya ex compañeros de Ábalos, consideran que la decisión de mantener el escaño en el Congreso de los Diputados se debe precisamente a eso, a que quiere seguir siendo aforado para protegerse ante una posible investigación judicial.