Ley de Independencia y el punto de partida con la amnistía

El pasado jueves el Congreso de los Diputados aprobó por 178 votos frente a 172 la “Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” (Ley de Amnistía). Es de suponer que la “normalización institucional, política y social en Cataluña” debe entenderse como el retorno al cumplimiento de las leyes, esto es, al encaje constitucional. O así, al menos, lo pregonan a los cuatro vientos el PSOE desde el Gobierno y su bancada parlamentaria. Sin embargo, sus socios independentistas de Junts y ERC no paran de recordarnos que esta ley es el punto de partida para el –incierto– derecho de autodeterminación, que ninguna Constitución europea contempla y que sólo reconoce la comunidad internacional (Naciones Unidas en su resolución 1514) para los casos de las antiguas colonias.

Llegados a este punto resulta difícil de entender cómo se aprueba una ley cuyos propósitos son contrarios entre los propios firmantes de la misma. La conclusión más evidente es que se ha firmado –tal y como torpemente reconoció el propio Pedro Sánchez– bajo el pretexto de “hacer de la necesidad virtud”, que no es otra cosa que para poder seguir siendo Presidente. La virtud –nos recuerda la RAE– es la disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Y Pedro Sánchez que no es hombre de poco empaque ha considerado que lo bueno, lo verdadero, lo justo y lo bello es que él siga siendo Presidente del Gobierno.

No me preocupa tanto la desmesurada vanidad del Presidente del Gobierno como las consecuencias de la aprobación de la Ley de Amnistía, que nos llevará inevitablemente a un nuevo conflicto –esta vez sí– entre españoles y catalanes. Nunca entendí esa pretendida intención política de encapsular los nacionalismos dentro de su ámbito regional como si nada tuvieran que ver con el resto de España. Nuestra transición no quiso abordar de frente la cuestión nacionalista ante la urgente necesidad de alcanzar el tan ansiado “consenso constitucional” para así cerrar una etapa que se había alargado ad nauseam y abrir otra que nos equiparara a las democracias de nuestro entorno. 

Desde ese “café para todos” a la “Ley de Amnistía” hemos pasado de una supuesta “lealtad nacionalista” a un abierto “proceso independentista” por parte de los mismos y en la misma proporción. Los partidos que se definen abiertamente independentistas cuentan prácticamente con el mismo respaldo que contaban en las primeras elecciones democráticas de 1977 (algo más de un 6%). Lo único que ha cambiado desde entonces ha sido la posición del PSOE, y por supuesto, el desbordamiento de los anhelos independentistas.

Al margen de la más que evidente “necesidad” de mantenerse en el poder como razón de base de la Ley de Amnistía, el PSOE esgrime ahora la voluntad de superar un conflicto que –según ellos– nos adentrará en una etapa de convivencia y reconciliación en el marco de la Constitución. Pero lo cierto es que los independentistas no dejan de recordarnos –sobre todo a sus socios del PSOE– que esta ley sólo es el arranque del viaje que les lleve a la independencia.

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Ante este diálogo de sordos, al PSOE de Sánchez no le queda otro argumento que culpabilizar al PP de la situación, y de esgrimir, cual bálsamo de fierabrás, que Cataluña hoy está mejor y que ha dejado de ser un problema para los españoles a diferencia de cuando gobernaba el Partido Popular. Pero la realidad, una vez más, es que ni lo uno ni lo otro es cierto. Ni Cataluña está mejor en términos socioeconómicos –por no hablar en términos políticos– ni tampoco la preocupación de los españoles ha variado en lo sustancial cuando gobernaba uno u otro. 

Según los datos del CIS, la preocupación de los españoles respecto a la “independencia de Cataluña” en octubre de 2013 –gobernando el PP– y después de los indultos –gobernando el PSOE– es prácticamente la misma y se sitúa en cifras de alrededor del 3%. Durante este periodo de tiempo ha habido algunos picos muy significativos en uno y otro sentido, por ejemplo: tras la aprobación de la declaración soberanista por el Parlamento catalán en 2013 –anulada posteriormente por el TC–, el CIS apenas reflejó una preocupación de los españoles del 0,2%; y otro tanto tras la consulta sobre el futuro político de Cataluña el 9 de noviembre de 2014, cuya preocupación alcanzó tan solo el 0,4%. 

Por el contrario, el mayor pico de preocupación de los españoles –como es lógico– se dio tras las declaración de independencia del 1 de octubre de 2017 llegando al 29% para bajar el mes siguiente al 12%; también durante el juicio a los procesados en los primeros meses de 2019 se alcanzaron cifras significativas del 11,7%. Un nuevo pico tuvo lugar durante los incendios de Barcelona tras conocerse la sentencia a los procesados en noviembre de 2019, mostrando un 19% de españoles preocupados; después volvió a bajar a cifras residuales.

Así pues, la preocupación de los españoles respecto a la independencia de Cataluña no ha dependido tanto de la acción de los diferentes Gobiernos de la Nación como de las acciones unilaterales de los políticos independentistas cuando han provocado –directa o indirectamente– disturbios en las calles. Bien sacando ilegalmente las urnas bien alentando la insurrección en las calles de Barcelona (los disturbios callejeros de noviembre de 2019). Más aún, el último CIS de febrero de 2024 –en plena negociación de la Ley de Independencia– revela una preocupación de los españoles de tan solo el 2,7%.

Por tanto, no es cierta la tesis tan cacareada por Pedro Sánchez de que cuando gobierna el PP los españoles nos preocupamos más por el conflicto catalán que cuando gobierna el PSOE. Lo único cierto es que cuando gobierna el PP las aspiraciones secesionistas se ven “capitidisminuidas”, mientras que desde que lo hace Sánchez sometido al independentismo, las expectativas secesionistas se han visto acrecentadas.

Por supuesto, el sentimiento de los catalanes respecto a la independencia no ha sido correlativo a la preocupación del resto de españoles, pues en la mayoría de los casos los conflictos han sido orientados –como quiera que sea– a modo de ataque hacia sus legítimos sentimientos identitarios. Pero esto no va de sentimientos, pues tan respetables pueden ser los suyos hacia una parte del territorio como los del resto de los españoles al conjunto de España. Abundando en los datos ante mencionados, no deja de ser curioso que el aumento significativo de la preocupación de los españoles se haya dado fundamentalmente en los momentos en los que se ha amenazado la integridad del territorio español (referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017) y cuando “ardió” Barcelona tras la sentencia condenatoria de los implicados en el referéndum del 1 de octubre. 

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Parece lógico pensar que a los españoles no nos quite el sueño cómo se administren los catalanes en su día a día –para eso tienen su propia administración, la Generalitat– pero la cosa cambia sustancialmente cuando se atenta contra el “patrimonio nacional”, entendido éste como cualquier parte del territorio, ya sea Cataluña, País Vasco, Galicia o Extremadura. Quizás esté más asentada de lo que algunos piensan la idea de que en España nada es de nadie y todo es de todos.

No tengo duda de que cuando se apruebe definitivamente la Ley en el Congreso –tras rechazarse en el Senado– el conflicto se volverá a incrementar, más aún si –como parece previsible– los altos tribunales constitucionales de España y/o Europa declaran inconstitucional la ley. Es posible que entonces llegue el día en el que los españoles nos plantemos –o nos hagan plantar– para recordar a los independentistas que nuestra Constitución otorga la soberanía nacional al conjunto del pueblo español, cuya patria común e indivisible solo podrá ser cambiada a voluntad de todos y nunca a voluntad de una parte. Lo sabe el Gobierno, lo sabe Europa pero sobre todo lo sabemos los españoles. Este es el único punto de partida posible. No se dejen engañar.