Echávarri se sienta en el banquillo por el despido de la cuñada de Barcala

El exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, ha negado este miércoles que despidiera a una trabajadora temporal del Ayuntamiento, cuñada del actual alcalde, el 'popular' Luis Barcala, por "venganza" por la denuncia anunciada contra él por el PP por el 'caso Comercio', si bien ha admitido que se "confundió" con "los tiempos". No obstante, ha defendido que el despido era legal ya que ocupaba un puesto "sin cargo a plaza" y se tenía que haber hecho diez años antes.

Echávarri se sienta desde este miércoles en el banquillo de los acusados de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante acusado de un delito de prevaricación administrativa, por el que el ministerio público le solicita una pena de 10 años de inhabilitación mientras que la defensa esgrime la legalidad del despido.

En su declaración, el exalcalde del PSPV-PSOE, que ya fue condenado a ocho años de inhabilitación por el 'caso Comercio', ha explicado que los sindicatos del Ayuntamiento llevaban "tiempo" incidiendo en la existencia de trabajadores en situación "irregular" en el consistorio y que le amenazaron con denunciarle por prevaricación si no actuaba.

Asimismo, ha recordado un informe de la Sindicatura de Greuges que le instaba a regularizar la situación, la denuncia de unos vecinos ante Fiscalía por no actuar en esa misma línea y la que había anunciado el PP por fraccionamiento de contratos en el 'caso Comercio', por lo que ha asegurado que actuó por "miedo", negando que se tratara de una "venganza" pero sí que le "asustó" la posibilidad de enfrentarse a varias denuncias. "La denuncia del PP aceleró el proceso", ha admitido.

El ex primer edil ha reconocido que llamó a Recursos Humanos el martes 18 de abril de 2017 para que se despidiera a la trabajadora, después de que el sábado anterior el PP hubiera hecho el anuncio, y que lo ordenó porque había que "empezar por alguien"; la cuñada de Barcala estaba en una situación "manifiestamente ilegal" y que había unos "dos, tres o cuatro" personas en la misma situación.

Ha afirmado que esperó a la llegada del concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, para que se firmara el decreto y que los técnicos y la letrada del área avalaron como "legal" la decisión.

Sin embargo, sí ha señalado que se "confundió" con "los tiempos" por el revuelo "político y mediático", pero ha insistido en que tuvo que haber cesado "por contrato" ya que ocupaba un puesto "sin cargo a plaza", dado que era un trabajo temporal para poner en marcha el MACA y Las Cigarreras. "Tenía que haber sido despedida hace diez años; ni un solo técnico dijo que era ilegal", ha argumentado.

Finalmente, sobre su reincorporación, ha asegurado que vino avalada por una decisión del pleno de mayo, aunque no era vinculante.
A preguntas de su abogado, Gabriel Echávarri ha precisado que "nadie hubiera firmado una decisión irregular" y ha reiterado la legalidad de la decisión.

A nadie más

Por su parte, Giménez, que ha declarado como testigo, ha indicado, a preguntas del fiscal, que "no se despidió a nadie más" y que el procedimiento se inició al recibir una llamada del alcalde que le instaba a ejecutar el despido "de forma inmediata".

Según el exedil, no era "habitual" que el alcalde llamara directamente a la Concejalía, que se fiaba de Echávarri y que no le reclamó los informes que avalaban la decisión. Sobre la readmisión, ha concretado que la firmó por el mandato del pleno.

No obstante, y preguntado por el abogado de Echávarri, ha reconocido que no recibió presiones del alcalde y que los técnicos aseguraron que había "causalidad" para el cese. "Sin causa legal, no hubiera firmado", ha mantenido.

Despido de libro

Además, en la vista han declarado en calidad de testigos tres funcionarios: dos técnicos de Recursos Humanos y una letrada del consistorio.

El jefe de Organización y Gestión ha calificado de "extraño" recibir una llamada de Alcaldía, y ha añadido que supo que había causa legal para el cese tras revisar su expediente. Ha sostenido que entendían que el alcalde había hecho las gestiones para tomar la decisión y no se puso "en duda" una orden "rotunda".

El despido para él era "de libro: una obra y servicio por algo que ya no prestaba", aunque de esa tipología no se habían dado otros casos porque en el mismo momento en que se firman contratos de ese tipo se firma el despido.

Además, ha explicado que se abrieron dos diligencias: una para la causa legal, y una segunda por la orden verbal de Alcaldía.

Por su parte, la entonces técnico de Selección y Documentación ha señalado que la trabajadora accedió por una bolsa de personal temporal para la apertura del MACA y Las Cigarreras y que desde "hacía meses" estaba en La Lonja.

Para esta técnico, "en principio no podía trabajar" y ha explicado, a preguntas de los magistrados, que el Estatuto Básico del Empleado Público solo permite cambiar a un trabajador temporal dentro "del mismo proyecto" y no a otros.

En esa línea se ha pronunciado la letrado municipal que ha sostenido, a preguntas del fiscal, que "no se puede mantener" y al abogado de Echávarri que no tenía "ninguna duda del cese".