20 de octubre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Arde Cataluña: el Gobierno se plantea incluso el cierre de TV3 para detenerlos

Imagen de la manifestación multitudinaria en Barcelona.

Imagen de la manifestación multitudinaria en Barcelona.

La confrontación se dirime en esta constancia: la ley contra la desobediencia. Esto no da para más. Si el Ejecutivo se muestra timorato, Carles Puigdemont y compañía se vendrán arriba.

La Diada ha sido para los independentistas un ensayo general con todo. Con todo, pero sin urnas. La locura colectiva ha quedado perfectamente reflejada en la advertencia de uno de los presuntos líderes de las CUP. “Si no quieren urnas, habrá pistolas”.

El tipejo hasta ahora escondido en la tropa de Anna Gabriel y compañía, ni siquiera ha recibido la admonición de sus compañeros, tampoco de los convocantes del referéndum, los antiguos convergentes o el pausado Junqueras, del que no se conoce en estos días ni una sola declaración pública.

El exabrupto puede tomarse a broma incluso por los que durante tantísimo tiempo han venido pensando que la cosa no pasaría a mayores, que ni siquiera los insurrectos (¿de qué otra forma se les puede llamar?) se atreverían a convocar la consulta.

La Diada les ha servido como dice el portavoz Turull para “enseñar músculo”, como si de un equipo de fútbol se tratara. En esta conmemoración tan falsaria con la auténtica Historia por otra parte, se ha mostrado la realidad de una Cataluña fracturada en dos en la que su sociedad civil antaño celebrada por su hereditario “seny” ha excluido de su cobijo a más del cincuenta por ciento de la población. Esta sociedad civil que presumía incluso de tener en su seno a los mejores buscadores de setas del mundo, continúa silente.

Cualquiera que se esté tomando la molestia de ver la televisión catalana TV3 habrá comprobado cómo ésta es sencillamente un instrumento al servicio de la sedición.

La Universidad, salvo la Pompeu Fabra que es una altavoz pseudocientífico del independentismo, está callada como un difunto; los empresarios, salvo un par de casos, ausentes de cualquier reflexión; y los profesionales, como el caso del tristísimo y politizado Sindicato de Periodistas, mantienen la boca cerrada, no vaya a ser que ganen los sediciosos y se queden sin las mamandurrias de sus subvenciones a cuenta de todos los españoles.

En esta situación, tras lo ya visto en este 11 de septiembre de 2017, el Gobierno tiene que se seguir tomando decisiones. Por lo que se cree o se adivina, sus presiones –hay que llamarlas así- sobre el Tribunal Constitucional han dado resultado y es más que probable que esta misma semana, esta institución no solo suspenda cautelarmente la ilegal y chavista Ley de Transitoriedad, sino que esta vez se moje, cosa que no hizo con el bodrio de referéndum, y proceda a inhabilitar a Puigdemont, Forcadell y demás miembros de la cuadrilla separatista.

Ese sería un gran momento para las instituciones del Estado porque a partir de entonces tendría que ocurrir por lo menos esto: que el Gobierno de la Nación presidido por Mariano Rajoy se inclinara inequívocamente por aplicar lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución.

Curiosamente al Ejecutivo popular le está costando en los últimos días convencer a Ciudadanos de la imperiosa necesidad de apostar por el 155. El PSOE, al principio tan hostil a este artículo, se ha mostrado más receptivo una vez que ha constatado que no hay forma humana de convencer a los separatistas de que dejen al lado su ilusoria pretensión. Si por fin Rajoy es capaz de encontrar unanimidad resulta claro que los sediciosos se van a ir a la calle por la vía más imperiosamente constitucional.

El polémico papel de TV3

¿Qué les quedará entonces? Pues nada más y nada menos que declararse en rebeldía, algo que supondría la intervención de los Cuerpos de Seguridad y en primer lugar de los Mossos, que quedarían directamente incardinados en el Ministerio del Interior. Se estudian además algunas otra medidas de similar trascendencia, entre ellas la de clausurar los altavoces de la insurrección.

Cualquiera que se esté tomando la molestia de ver y escuchar estos días la programación completa de la televisión catalana TV3 habrá comprobado como ésta es sencillamente un instrumento al servicio de la sedición; no existe posibilidad alguna de que otras voces, la unionistas, tengan la menor cabida no ya en telediarios o espacios informativos, sino incluso en programas de entretenimiento o, en el colmo, en espacios dedicados al público infantil.

La Diada les ha servido a los independentistas, como dice el portavoz Turull, para “enseñar músculo”. Como si de un equipo de fútbol se tratara.

Es muy difícil para el Gobierno tomar una resolución que rápidamente encontraría respuesta en el mundo de la comunicación y que se adjetivaría directamente de fascista, pero aquí debe quedar dicho que entre todas las medidas que se analizan contra los insurrectos también se encuentra ésta de tan complicada ejecución.

Así las cosas nos hallamos en los últimos episodios de la revuelta. La confrontación se dirime en esta constancia: la ley contra la desobediencia. Esto no da para más. Si el Gobierno se muestra timorato, Puigdemont y compañía se vendrán arriba y recogerán sus urnas en los ayuntamientos, básicamente en los ayuntamientos, donde llevan escondidas desde las últimas elecciones municipales y autonómicas.

Desde el punto de vista de la propia ejecución es realmente difícil acudir a todos los centros municipales de Cataluña para acopiar estas urnas pero no hay otra forma de evitar que el día 1 de octubre éstas se coloquen en los lugares previstos por la insurrección.

Por eso no parece haber otra fórmula que ordenar a los Cuerpos de Seguridad que obedezcan a las instrucciones de sus superiores. Todo está visto para sentencia porque el reto ya no da para una vacilación más. Rajoy sí, pero sobre todo nuestro orden constitucional y España, se la juegan en este desvarío, en este desafío.

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