Los soldados muertos realizaron las maniobras con un lastre como 'castigo'

Las últimas novedades que se conocen sobre el caso de los dos soldados fallecidos durante unas maniobras militares el pasado 21 de diciembre en la base de Cerro Muriano, en Córdoba, sigue arrojando datos que ponen en evidencia el ejercicio 'mortal' al que se enfrentaron. Pero además la investigación judicial podría pasar a manos del Tribunal Militar, en lugar del de instrucción que actualmente lleva la casusa.

El fallecimiento del soldado Carlos León de 24 años y del cabo Miguel Ángel Jiménez de 34 años se produjo durante un ejercicio a primera hora de la mañana, sobre las 9.00 horas, consistente en atravesar el lago de la base cuyas aguas estaban a muy baja temperatura. Pero según ha publicado la Cadena SER, de los 60 los militares que participaban en la maniobra, una veintena llevaban lastre en sus mochilas, concretamente era el peso extra de una mina inactiva que portaban desde hacía dos semanas, "a modo de castigo" por la mala ejecución de un ejercicio durante la instrucción previa, según revela la emisora.

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De esta manera, el soldado Carlos León y sus compañeros de la primera sección se sumergieron en la balsa de agua siguiendo las órdenes e instrucciones previas al ejercicio. No llevaban chalecos para aligerar el peso, ni había flotadores ni salvavidas, solo una cuerda atada entre dos encinas que hacía de guía para cruzar los 100 metros de distancia entre una orilla y otra.

A los pocos minutos de entrar al agua se frustró la práctica al necesitar auxilio urgente de los compañeros que aún no habían entrado en la balsa. Uno de ellos, fue el cabo Miguel Ángel Jiménez que acudió en ayuda de los soldados que se ahogaban, pero perdió la vida en el intento. A otro de los militares le salvó la vida un compañero al aplicarle la reanimación cardiopulmonar antes de que llegara la ambulancia. Los que entraron al agua para ayudar a los compañeros desaparecidos, también tuvieron que ser atendidos por hipotermia.

La Fiscalía dispuesta a 'entregar' el caso

Con esta última información que sale a la luz sobre el lastre que se impuso a los soldados, se retuerce más aún el caso sobre el que pesan muchas sombras, teniendo en cuenta que el castigo en las Fuerzas Armadas está prohibido, ya se considera un delito de abuso de autoridad. A ello se suma la falta de medidas de seguridad como salvavidas y ambulancia.

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La muerte de los dos soldados durante ejercicio en la base militar cordobesa, sede de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, pero podría ser uno militar el que se encargue del caso, después del pronunciamiento de la Fiscalía, que considera que "la jurisdicción militar es la competente para continuar con la investigación".

Por su parte, el Juzgado Togado Militar Territorial número 21, con sede en Sevilla, ya había pedido al Juzgado cordobés que se inhiba a su favor en este caso, en el que las familias de ambos militares están personadas en las diligencias, que apuntan a dos presuntos delitos de homicidio imprudente.

Las familias señalan a los responsables

Aunque el caso ya ha provocado que el Ejército de Tierra haya retirado al capital, las familias de los dos fallecidos apuntan por encima y por debajo de este mando. Por un lado, el abogado del cabo Miguel Ángel Jiménez considera que la responsabilidad de los hechos está en los mandos inferiores. El letrado José Antonio Cumplido ha expresado que es "un planteamiento erróneo" centrarse en la cadena de oficiales y ha defendido hacerlo en la de "los suboficiales, el sargento o el teniente que dieron la orden y que eran los que tenían que tener en cuenta que se diesen todos los requisitos de seguridad que no se llevaron a cabo".

Mientras, el abogado que representa a la familia del soldado Carlos León, Luis Romero, ha presentado denuncia contra el capitán responsable del ejercicio y sus tres superiores inmediatos. El letrado ha informado de que la denuncia se dirige contra dicho capitán, el teniente coronel inmediatamente superior a él, un coronel y un general, con petición de que todos ellos sean llamados como investigados en el procedimiento judicial. Además la familia se opone a que sea el Juzgado Militar el que afronte el caso.