Protección para el criminólogo de Benidorm ante posibles represalias

La guerra abierta entre el gobierno de Benidorm y el criminólogo municipal, Justo López, está lejos de terminar. De hecho, tendrá que ser un juez quien ponga el punto final a una batalla que se prolonga durante años.

El último capítulo de la historia lo ha escrito la Agencia Valenciana Antifraude, que ha resuelto aplicar el estatuto de “persona denunciante” al citado funcionario. Esta figura fue creada para proteger a aquellas personas que han denunciado alguna situación y para evitar que éstas sufran represalias o actuaciones lesivas derivadas de dichas denuncias.

En la resolución, que tiene fecha del pasado 2 de marzo, y a la que ha accedido EsdiarioCV, se indica que se le aplica este estatuto “por sus denuncias de hechos presuntamente delictivos, relativos a la gestión de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad”, una tarea de la cual el citado criminólogo era responsable en los años en que supuestamente ocurrieron los episodios que el funcionario relató y denunció.

Justo López había puesto en conocimiento del alcalde en 2015 la actitud de algunos funcionarios del Ayuntamiento que al parecer se aprovechaban de penados que se encontraban trabajando en beneficio de la comunidad, una presunta red de sobornos.

El criminólogo, como se ha dicho, era el responsable de aquel programa de penados y tras aquellas denuncias afirmó no sentirse responsable de los mismos. El programa en cuestión fue suspendido y a Justo López se le abrieron varios expedientes disciplinarios que desencadenaron en una suspensión de empleo y sueldo durante tres años tras un decreto del alcalde Toni Pérez en agosto del año pasado. Dicha medida, no obstante, fue revocada de forma cautelar por el juez titular del contencioso administrativo número 1 de Alicante a petición del propio López, como ya informó ESdiarioCV el 7 de febrero.

Así las cosas, Justo López se reincorporó hace algunos días a su antiguo puesto de trabajo en el Centro Social La Torreta y ha sido ahora cuando la Agencia Valenciana Antifraude ha resuelto aplicarle el referido estatuto de persona denunciante, al tiempo que advierte en la resolución que “cualquier acto de intimidación o represalia que pudiera perturbar la vida profesional o laboral” del funcionario “deberá ser comunicado a esta Agencia en el plazo más breve posible a fin de ejercer las medidas correctoras”. Si algo así ocurriera, si las medidas de protección se incumplieran por cualquier motivo, la ley prevé multas que podrían llegar hasta los 400.000 euros en caso de que la infracción fuera calificada como muy grave.

La resolución de la Agencia Valenciana Antifraude, no obstante, era susceptible de recurso y el Ayuntamiento no ha tardado mucho en hacer efectiva esa opción mediante un decreto de Alcaldía del día 8 de marzo, al que también ha tenido acceso ESdiarioCV. El documento ha sido remitido a la Fiscalía de Benidorm, y en él consta el requerimiento a la Agencia Valenciana Antifraude de la nulidad de su disposición. Por otro lado, el mismo decreto también ha sido remitido a la propia Agencia y se le solicita “que acuerde la suspensión de la eficacia de su resolución”.

El alcalde de Benidorm considera que el Ayuntamiento es soberano para aplicar sus propias medidas y de ahí que aluda en su escrito a que su institución “goza de autonomía para la gestión de sus intereses” por lo que reclama a la Agencia que dicte otra resolución “adaptada a la legislación vigente”. En ese sentido, la propia Agencia valenciana Antifraude especifica en su escrito que dentro de su ámbito de actuación “se incluyen, entre otras, las entidades integrantes de la administración local de la Comunidad Valenciana”, esto es, los Ayuntamientos.