Alicante paga 10 millones mediante el reconocimiento extrajudicial de créditos

El interventor municipal ha vuelto a cuestionar la eficacia de la gestión municipal del alcalde Luis Barcala. En un informe "demoledor" afirma que en Alicante no solo se realizan decenas de pagos fuera de contrato, sino que se prorrogan de manera extraordinaria por falta de previsión o se tienen que reconocer también decenas de créditos extrajudiciales para hacer frente a pagos de servicios no contemplados en los presupuestos. El importe está cercano a los diez millones de euros correspondientes a 2019. Para el portavoz socialista, Paco Sanguino, esto demuestra que el alcalde hace “trampas” con los presupuestos y con el dinero de todos.

El informe del interventor alerta de que la existencia de pagos no presupuestados es la consecuencia de "no iniciar los expedientes" de contratación "con la antelación suficiente para que sean adjudicados antes de la finalización del contrato anterior". Y en este punto, es donde el PSOE cuestiona la gestión del PP. “Conocemos hoy que el propio interventor ha emitido un informe demoledor, y conocemos hoy uno de los motivos por lo que de forma sistemática se niega información a este grupo y no es otro que, en el mejor de los casos, tapar la ineficacia y holgazanería del equipo de gobierno. Es simplemente inadmisible que una contrata, de la que no nos quieren dar información, este percibiendo más de cuatro millones y medio de euros fuera de contrato”, indica Sanguino.

El señor Barcala, que lleva en el gobierno de esta ciudad desde el 2018, no solo no trabaja, sino que “engaña” con los presupuestos y juega con el dinero de toda la ciudadanía. Según el portavoz, “sin ir más lejos reconoció esta misma semana que los presupuestos que se acaban de aprobar, con la inestimable ayuda de Vox, son solo papel mojado. El informe demuestra, que con independencia de la pandemia, la práctica del alcalde Barcala es realizar presupuestos 'virtuales' que no tiene ningún empacho en incumplir”.

El portavoz socialista ha recordado que estos pagos se tratan de actuaciones no sujetas a las normas de procedimiento administrativo y la obligación del competente es adoptar de manera urgente e inmediata todas las medidas para que no se produjese. “¿Por qué no se inician y tramitan los expedientes de contratación con la antelación suficiente para que no se den estas situaciones que no se ajustan a derecho? O no hay interés o no hay capacidad, no caben más excusas”, señala.