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Fin de los privilegios de Luis Rubiales: sin sueldo y sin coche oficial
La FIFA, tras haberlo suspendido durante 90 días, le reclama también el móvil y el ordenador de la RFEF.
La suspensión temporal impuesta por la FIFA que conllevó una penalización de 90 días para Luis Rubiales, ha resultado en la interrupción de su salario, la retención de su vehículo oficial y la imposibilidad de acceder a los beneficios que previamente disfrutaba en su cargo como presidente de la Federación Española de Fútbol.
Esta decisión fue tomada durante la reunión del Comité de Presidentes Territoriales de la RFEF el pasado lunes, y quedó registrado en el comunicado oficial que mencionó los "procedimientos internos" que se activarían como "consecuencia de la suspensión".
Concretamente, desde el pasado sábado y durante un lapso mínimo de 90 días, Rubiales se verá privado de su remuneración correspondiente a su sueldo anual de 371.000 euros (netos) como líder de la RFEF, así como también de los 250.000 euros que percibe de la UEFA. La Comisión Disciplinaria de la FIFA detalló que ha sido excluido de "todas las actividades relacionadas con el fútbol a nivel nacional e internacional", equiparando esto a una suspensión de empleo y salario.
Sin móvil, sin ordenador y sin defensa de la RFEF
La RFEF también ha pedido a Luis Rubiales que devuelva el móvil y el ordenador corporativos que tenía a su disposición.
Y no solo eso, la RFEF ha decidido no autorizar a Rubiales a utilizar los recursos federativos para su defensa legal. En la actualidad, el presidente se encuentra enfrentando varios desafíos: la FIFA le ha iniciado un expediente que lo ha marginado de cualquier actividad relacionada con el fútbol durante un período de 90 días, mientras se completa la investigación; en el ámbito nacional, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) está evaluando desde el pasado lunes si debe abrirle un expediente por faltas consideradas "muy graves" debido al incumplimiento de la ley del Deporte; además, existe la posibilidad de que tenga que hacer frente a un proceso penal dependiendo de la evolución de la investigación en curso por parte de la Fiscalía.
