La Fiscalía del 8M se comporta como el abogado defensor del Gobierno

Por segunda vez en pocos días, la Fiscalía ha instado a la juez Carmen Rodríguez Medel a que archive la causa que instruye para determinar su hubo responsabilidad del Delegado del Gobierno en el contagio masivo que se sospecha hubo en Madrid al permitirse las manifestaciones del 8M. Algo que, más allá de sus consecuencias legales, parece fuera de duda con los datos en la mano.

El escrito fiscal, que se conoció por TVE para terminar de ahondar en la sensación de que todo responde a las necesidades del Gobierno; parece más el de un abogado defensor que el de la institución acusadora en los juicios en España: se centra más en atacar a la instructora que en atender la denuncia, con una actitud incomprensible y de evidente intención política.

Sorprende especialmente el interés en cerrar el caso cuando éste ya acumula más de 3.000 folios con documentación y testimonios  y tiene citadas a una veintena de testigos. Es decir, cuanto más avanza la juez, más hace la Fiscalía por enterrar las pesquisas.

Y no parece sencillo que lo logre a tenor de declaraciones en el Juzgado como la del Jefe del Servicio de Riesgos Laborales, entre otros declarantes, que se ratificó ante el juez en su declaración previa a la Guardia Civil: a su juicio, la manifestación del 8M no debía haberse celebrado.

Algo que coincide con las comunicaciones internas que, antes de aquel día, ya se han documentado en incontables organismos públicos: en todas ellas se aconsejaba a los funcionarios y empleados de la Administración que evitara aglomeraciones y mantuviera la distancia social. Explicar por qué no se le dijo a los ciudadanos lo que sí se comunicaba a los trabajadores va a ser muy difícil a poco que haya jueces preguntando como Rodríguez Medel.

La actitud de la Fiscalía, por último, pone en tela de juicio la supuesta independencia de los fiscales frente a su máximo responsable, la exministra del PSOE Dolores Delgado. Siempre se dijo que, por mucho que su nombramiento fuera político, la independencia de sus subordinados era una garantía frente a sus injerencias. Y en este caso, cuando menos, parece que eso tampoco es ya cierto.