El Gobierno contiene las banderas españolas para evitar un conflicto en la calle

Desde que en la madrugada del pasado 7 de septiembre el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, suscribió el decreto de convocatoria del referéndum del 1-O, los catalanes han podido constatar un hecho: la calle es de los independentistas.

Así se pudo comprobar tras la operación policial del pasado miércoles contra los máximos responsables del núcleo organizador de la consulta ilegal. Detrás de las movilizaciones masivas de los secesionistas se encuentran los líderes de la Asociación Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; y de Omnium Cultural, Jordi Ciuxart. Junto a ellos, la CUP, Arrán y las juventudes de ERC.

Algarada callejera tras el golpe mortal asestado al núcleo duro del referéndum

Sin embargo, sobre todo desde fuera de Cataluña, algunas voces han echado de menos la movilización social de aquellos colectivos -apenas ha salido a la calle el muy minoritario VOX- que se han caracterizado por impulsar el combate ideológico contra el procés: PP y C's desde el ámbito político; y Sociedad Civil Catalana, desde el social y cívico. Es verdad que sí se han movilizado de forma habitual las juventudes de SCC, sobre todo en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde los secesionistas campan a sus anchas. De hecho, los universitarios constitucionalistas han sido agredidos en varias ocasiones por los radicales.

Puesto de información de los universitarios de Sociedad Civil Catalana destrozado por los radicales independentistas en la Universidad Autónoma de Barcelona en marzo de este año.

En los últimos días, en algunos foros se había especulado con la posible organización de una concentración masiva en apoyo al Gobierno y a la Guardia Civil y contra el referéndum del domingo, aunque fuentes de SCC explican a ESdiario que ese acto nunca se llegó a concretar. Es más, finalmente no se celebrará acto público de ningún tipo dado el "clima de tensión" que ya se vive en las calles catalanas.

La falta de convocatorias masivas en la calle de los constitucionalistas y de esta non nata gran manifestación contra el 1-O -que se reclamaba desde algunos sectores en Cataluña y que se pensaba celebrar este próximo sábado- responde a una estrategia consensuada por SCC y otros colectivos, y el Gobierno, según reconocen a ESdiario fuentes de esta plataforma cívica.

Desde el principio de la recta final del órdago de Puigdemont y Junqueras, el Gobierno y en especial Mariano Rajoy tuvieron claro como una prioridad el evitar situaciones que pudieran generar tensión y enfrentamientos. Y así se lo trasladaron distintos responsables del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno a los responsables del colectivo que preside Mariano Gomá. Es lo que La Moncloa llama la "mayoría silenciosa".

Sociedad Civil Catalana ha optado por llevar el combate ideológico contra el procés a las redes sociales y a actos de carácter cerrado para evitar tensiones mayores en la calle

SCC sí ha optado en cambio por organizar actos más reducidos, para analizar las consecuencias del procés, como el que ha convocado este próximo jueves bajo el título La seguridad pública de los catalanes ante el proceso secesionista.

Freno a las mociones en los ayuntamientos

Asimismo, Sociedad Civil Catalana ha puesto en marcha una campaña bajo el lema Recuperem el seny en el que distintos protagonistas de la sociedad catalana de diversos ámbitos expresan su rechazo al 1-O.

Estem d'acord en moltes coses, la més important...cal recuperar el seny!!#RecuperemElSeny@JuanMilian pic.twitter.com/YEZd2XPyEt

— Soc. Civil Catalana (@Societatcc) 24 de septiembre de 2017

En esta misma línea de evitar situaciones de enfrentamiento, según ha sabido ESdiario, Rajoy y el líder de C's, Albert Rivera, acordaron evitar llevar a los plenos de los ayuntamientos catalanes en la última semana mociones contra el procés.

De hecho, el líder del PP frenó una iniciativa de algunos dirigentes regionales de su partido encaminadas a impulsar iniciativas de este tipo, vía Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en los más de 8.100 consistorios de toda España.