Daniel Sancho acepta una condena en España para lograr su extradición

Daniel Sancho ha aceptado, previamente al juicio, una condena por un delito de lesiones cometido en España en 2019. Eso permitiría a la juez del caso solicitar a Tailandia su extradición para que cumpla la pena en España.

Esto le alejaría de un país donde le sobrevuela una potencial pena capital o prisión perpetua. La fiscalía días atrás intentó abortar esta “operación humanitaria”, como la define su abogado Luis Gerez, al vetar que fuera juzgado presencialmente en España.

El juicio, tras la habitual demora judicial (supo en enero de 2022 que iba al banquillo por un delito cometido en 2019), es inminente. La condena aceptada es justamente la planteada por la fiscalía. Un año.

El ministerio público malamente puede objetar que se aplique lo que solicitó meses atrás. Y el cumplimiento de la pena ya es cuestión sólo de la juez. No precisa del criterio fiscal.

La Fiscalía de Madrid da un palo inesperado a Daniel Sancho y arruina su defensa

Le toca a ella solicitar el traslado del reo desde Tailandia a España. Y, previsiblemente, la defensa de Daniel Sancho no solicitaría en el juicio ninguna medida que impidiese la ejecución de dicha condena, que puede significar su salvoconducto.

Si se cumple este objetivo, será la segunda vez que el letrado Luis Gerez salve al hijo de Rodolfo Sancho. En enero de 2021 pendía una condena de dos años sobre la cabeza de Daniel Sancho por otro delito de lesiones.

El mundo al revés: la fiscalía defiende al culpable minimizando la pena (acaso para evitar conflictos diplomáticos a Sánchez con Tailandia o Colombia), y el imputado quiere cumplir su condena.

Pero en agosto de 2021 volvió a emplearse con tal virulencia ante unos agentes que le intentaban expulsar de una discoteca por romper las normas de prevención del covid (se movió a otra mesa) que en 2022 fue condenado por resistencia a la autoridad.

Seis meses de multa a razón de 4€/día y pago de las costas. Daniel Sancho no sólo dio un manotazo a un agente que lo intentaba reducir. Auguró que lo iban a pagar mientras iba conducido a la comisaría.

Esa trivial condena de 2022 podía provocar que cumpliera también la anterior de dos años por su reincidencia. Y acarrearía su ingreso en prisión.

Pero el garantista sistema español y la pericia de su letrado Luis Gerez con sus reiterados recursos (elevó el caso hasta el Supremo por una mera multa) hizo que la ejecución de la primera sentencia se distanciase lo suficiente para que se considerara prescrita antes de que fuera firme la segunda.

Daniel Sancho en uno de los traslados de la policía para la reconstrucción del crimen.

 Y en 2023, con esa telaraña procesal, llega su supuesto cuarto delito: el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. Un proceso atípico donde se vende o filtra el sumario. Sobran contradicciones sobre cómo lo mató.

Basa su premeditación en que compra cuchillos, pero no se hallan y lo refuta su relato (bronca seguida de golpes mortales). No se investiga el móvil del crimen. Suma interrogatorios y reconstrucciones sin juez ni abogado. Y se conservan pruebas en la playa.

Hilvana todo que Sancho confesó. Con su silencio y una buena defensa otro gallo hubiera cantado. Pero quizá un amable agente le hizo creer que cuanto más se autoinculpase más salvaba su vida.

Sorprende el celo legalista de la fiscalía española cuando está en juego una ejecución o prisión perpetua en Tailandia sobre este compatriota mientras torpedea iniciativas judiciales contra Puigdemont o su gobierno.

Entretanto, irrumpe la fiscalía española para decretar y filtrar que no merece juzgarse el caso pendiente en España con la presencia del acusado, Daniel Sancho. “Sin que se hubiera practicado por parte del Juzgado ninguna actuación desde hace año y medio”.

Incluso augura “una probable aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas que impediría alcanzar los dos años en la petición de la pena en cualquier caso”.

El mundo al revés: la fiscalía defiende al culpable minimizando la pena (acaso para evitar conflictos diplomáticos a Sánchez con Tailandia o Colombia), y el imputado quiere cumplir su condena. El ministerio público no quiere la extradición. Pudo haber dicho “nada que objetar”. Pero objetó y mucho.

Sorprende el celo legalista de la fiscalía española cuando está en juego una ejecución o prisión perpetua en Tailandia sobre este compatriota mientras torpedea iniciativas judiciales contra Puigdemont.

Nada de lo que invoca la fiscalía se escapa a los promotores de esta operación de rescate de Daniel Sancho, pero saben que, por remota que sea, es la única ventana que existe para que Sancho cumpla una condena amparada por nuestra Constitución, que ni admite la pena de muerte ni la prisión perpetua.

Entretanto, irrumpe la fiscalía española para decretar y filtrar que no merece juzgarse el caso pendiente en España con la presencia del acusado, Daniel Sancho. “Sin que se hubiera practicado por parte del Juzgado ninguna actuación desde hace año y medio”.

Su historial penal, a falta de diagnósticos psicológicos, no pinta un Daniel Sancho que guste de ejercer una violencia fría. Tiene respuestas agresivas desmedidas ante cualquier contratiempo.

Tanto que sale casi a delito por año. No es la cerebral foto policial tailandesa. Y deja en mal papel a la justicia española: de haber sido diligente, Daniel Sancho en 2023 estaría descuartizando horas en una celda española, no a un colombiano.