El Consell exigirá a Sánchez "con la ley en la mano" las competencias en Costas

En un contexto en el que el PSOE de Pedro Sánchez se muestra 'generoso', al menos con algunos, la Generalitat Valenciana no pedirá la asunción del 100% de los tributos como se ha concedido a Cataluña, pero sí exigirá las competencias totales en ordenación del territorio que les permita gestionar los 500 kilómetros de costa valenciana, que ahora dependen del Estado a través de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. 

Por primera vez, el Consell trabaja en la elaboración de una ley de costas autonómica. La consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, prevé que esté aprobada y "en marcha" durante el 2024. Esta nueva ley beneficiaría a los vecinos de viviendas previstas de derribo como, por ejemplo, en Denia,  los poblados marineros de Torrelasal o las casitas de Nules, que pertenezcan a "núcleos urbanos históricos que deben tener singular y especial protección como imagen paisajística del litoral valenciana", ha avanzado Pradas. "El Gobierno de España quiere derribar estos poblados tradicionales y el Consell de Mazón quiere ponerlos en valor y salvaguardarlos", ha defendido. 

También se busca dar respuesta al gran problema de la regresión de las playas. Hasta ahora, muchos ayuntamientos se están limitan dentro de sus competencias a realizar trasvases de arena a la espera de soluciones menos cortoplacistas como la construcción de espigones, que dependen de Costas del Estado. Pero el Ministerio mantiene paradas más de una década la mayoría de los proyectos de protección de las playas. No ha ejecutado el 97% de labores de ejecución de protección y regeneración. Pradas ha pedido al Ministerio que "si realmente le preocupa el litoral ejecute esas labores y deje ya de una vez de ejercer estos desmanes injustos y de arremeter contra los vecinos que ninguna culpa tienen de la regresión de nuestras costas que son solo consecuencia de la inaptitud del Gobierno de España".

Por otro lado, la Generalitat quiere asumir las decisiones sobre concesiones administrativas a la hostelería y a actividades del litoral. La futura ley pretende regular, compatibilizado el medioambiente, los usos de los espacios para el desarrollo económico. Pradas explica que "se valorará qué actividades se pueden ejercer", incluso la construcción de viviendas en zona de playa. 

Para todo ello, la ley "reformulará" el Pativel, la anterior norma aprobada por el gobierno del Botànic y avalada por el Tribunal Supremo. Pero también tendrá que vencer un pulso al Estado ya que, aún con la ley aprobada por Las Cortes Valencianas, el Ministerio podría rechazarla por una invasión de competencias. 

La consellera se ha planteado este escenario y aunque las relaciones entre el Ministerio y la Conselleria son nulas -ni siquiera la ministra Teresa Ribera ha contestado a la carta que le remitió Pradas-, sus expectativas son altas. Asegura que la Generalitat tiene de su lado la Constitución y el Estatuto de Autonomía. "Si el Gobierno de España puede decir que nos excedemos en competencias, tenemos sentencias en el Tribunal Constitucional que dicen que las comunidades costeras competentes para la ordenación el territorio también lo son para el litoral".

Así, "con la ley en la mano" espera defender unas competencias que atribuye a la Comunidad Valenciana. No descarta que cuando el Gobierno "vea nuestra ley, nos puede llevar a una comisión bilateral entre el Estado y la Comunidad para dirimir discrepancias en competencias", en cuyo caso la Generalitat estaría "abierta" a alcanzar acuerdos.