| 04 de Mayo de 2024 Director Benjamín López

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Vista general de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) presidida por la vicepresidenta Montero el día 11.
Vista general de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) presidida por la vicepresidenta Montero el día 11.

Los 42.000 millones que el Gobierno de Sánchez debe a la Comunitat Valenciana

El 78% de la deuda valenciana ( 55.235 millones de euros) ha sido provocada por la infrafinanciación que la autonomía sufre. Estos son los motivos.

| Josep María Felip Edición Valencia

La Generalitat Valenciana es un ejemplo de cómo el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas le impide desplegar toda su capacidad de acción política. La última cifra publicada por el Banco de España el pasado septiembre sitúa a la Comunitat como la más endeudada detrás de Cataluña con 55.235 millones de euros, el 17,5% de toda la deuda agregada de las comunidades autónomas españolas

Pero lo más grave del asunto es que, la semana pasada, el Gobierno de España ha sido incapaz de presentar ninguna solución alternativa en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) cuando sabe que el 78% de la deuda valenciana ha sido provocada por la infrafinanciación que la autonomía sufre. Hace menos de un año, la Sindicatura de Comptes presentó su “Informe sobre la evolución de la deuda de la Generalitat Valenciana" en el que cifraba en 41.926 millones de euros esa infrafinanciación del total de 53.829 que debía al cierre del año 2022.

Según la Sindicatura, 16.460 millones de euros (el 31%) correspondían a "deuda pública originada por la infrafinanciación respecto a la media desde 2002", añadiendo que otros 19.992 millones de euros (el 37%) eran “deuda pública adicional originada por la infrafinanciación respecto a las necesidades reconocidas desde 2009". Y, por último, precisaba que 5.474 millones de euros (el 10% del total) los han generado "el coste financiero de la deuda provocada por la infrafinanciación". Y la cantidad restante, 11.894 millones de euros (el 22%) se correspondían con "deuda pública generada directamente por la Generalitat Valenciana al margen de la infrafinanciación que sufre por parte del Estado”. La Sindicatura concluía en que la valenciana es la autonomía peor tratada con el actual sistema de reparto contemplado en la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas.

Si la Comunitat no hubiera estado infrafinanciada, la deuda se situaría en el 12% del PIB en lugar del actual 47,8%

Pero ahí falta un concepto diluido en las diversas partidas de la deuda que la Generalitat se ha visto obligada a contraer. Se trata del coste de las transferencias recibidas del Estado y gestionadas por la administración valenciana, inferior al que el propio Estado incurría cuando las gestionaba la Administración Central; la diferencia la ha tenido que cubrir la Generalitat durante 40 años sin que el Estado nunca la reconociera. El cálculo es muy sencillo. Como ejemplo las transferencias de Sanidad recibidas en 1983 y 1984 cuyo gasto unitario por cama era inferior a lo gastado por el mismo concepto en la administración central cifrado en 800 millones de pesetas de 1983 según aquella Comisión Mixta de Transferencias, y lo mismo resultó en las de educación y otras de servicios sociales más cifrada en unos 500 millones de aquellas antiguas pesetas.

Actualizando financieramente con la evolución de los tipos de interés y la inflación de 40 años según datos del Banco de España resultan 5.324 millones de euros lo que puede imputarse a esa “deuda histórica” por lo mal que se negociaron las transferencias con el Estado, especialmente en Sanidad, en los primeros años del Gobierno Socialista de España. Siendo presidente del Gobierno Felipe González, ministro de Sanidad Ernest Lluch y presidente de La Generalitat Joan Lerma.

Recuerdo una de las últimas reuniones del Club Jaume I antes de cerrar sus convocatorias en 2018 donde Felipe Guardiola, que fue vicepresidente de la Generalitat y presidia la Comisión Mixta de Transferencias, contaba la sesión donde se cerraron las transferencias de sanidad. Contaba como la delegación valenciana carecía de información sobre el coste unitario y otros conceptos que el ministerio no facilitó, pero intuía que el gasto central era superior al que seria transferido por lo que se puso en contacto con el presidente Joan Lerma informándole que sin esclarecer las partidas de gasto no podían ser recibidas, a lo que el presidente le contesto: “fírmalas ya”; la respuesta de Felipe Guardiola “mándame un fax ordenándomelo”.

La anécdota contada por Felipe Guardiola 35 años más tarde ilustra todo un habito de sometimiento al poder central por parte de los Socialistas Valencianos, al de Ferraz y al de la Moncloa cuando en España gobierna el PSOE. Una conducta de sometimiento que en estos últimos ocho años se ha repetido, si bien hay que reconocer que el presidente Puig ha reiterado ante el Gobierno de Pedro Sánchez con múltiples declaraciones y peticiones la infrafinanciación de La Comunitat sin ir más allá que esas expresiones ante la opinión pública, pero que no han encontrado ningún eco en los dos domicilios políticos de Madrid.

Habrá que concluir en que el PSPV ha sido y sigue siendo una sucursal periférica del PSOE, con serias limitaciones para defender los justos intereses de la Comunitat ante el resto de comunidades autónomas y en especial ante el Gobierno de España, especialmente cuando Gobierna el PSOE, solo o en coalición. Y de poco sirvieron los votos de Compromís.

Maestros del apaño, pero conscientes del problema, el Consell de Ximo Puig tomo la decisión en 2016 de incorporar una partida a los presupuestos conceptuada como “partida reivindicativa” de ingresos para compensar esa infrafinanciación por parte del Estado. Y como no se abordaba el nuevo modelo, tales ingresos ficticios se traducían, año tras año, en déficit que engrosaba la deuda. En junio de 2015, la deuda ascendía a 42.003 millones y ocho años después, en junio de este año, a 57.246 millones, 15.243 millones de euros es el precio del “ninguneo” del Gobierno de España con el de la Generalitat en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Si se descontara este efecto, la deuda de la administración valenciana se situaría en torno a los 13.500 millones reconocía el entonces Conseller de Hacienda Vicent Soler, y decía: “si la Comunitat no hubiera estado infrafinanciada, la deuda se situaría en el 12% del PIB en lugar del actual 47,8%”. Una situación que los tres partidos de el Botànic conocían y reconocían pero que se quedaba en un lamento impotente de Ximo Puig ante Pedro Sánchez. Solo hay que ver las perspectivas del Comité Nacional del PSPV este fin de semana, al igual que sus congresos extraordinarios habidos a lo largo de su historia, siempre resueltos según los intereses del PSOE, pocas veces en los de la Comunitat.