La Generalitat presenta "Satán" para perseguir la corrupción

El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas informáticas, para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat.

La nueva herramienta, de nombre Satán (Security Administrator Tool for Analyzing Networks), permitirá que se crucen las bases de datos de la administración para detectar “irregularidades y posibles casos de corrupción”.  El sistema ha sido construido gracias a un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia por 55.000 euros y cuenta con la colaboración del informático Hervé Falciani, Transparencia Internacional, y la Fundación Baltasar Garzón, ésta dos últimas, a razón de 30.000 euros cada una.

El primero de los patrones de dicha Fundación es el exjuez Baltasar Garzón, condenado en 2012 a once años de inhabilitación por prevaricación, según sentencia unánime de siete magistrados del Tribunal Supremo. Tras ser expulsado de la carrera judicial Garzón ha ejercido como abogado y ha colaborado con diferentes centros especializados en derechos humanos y mediación de conflictos.

El informático Hervé Falciani, conocido por entregar a las autoridades francesas una lista con más de 130.000 evasores fiscales, fue “fichado” como asesor, por la vicepresidenta Mónica Oltra y el Conseller Manuel Alcaraz en Junio de 2016.

Ahora, 16 meses después, Satán ya es una realidad. La nueva aplicación diseñada mediante algoritmos matemáticos, alertará cuando se produzca una situación susceptible de irregularidad. Entre ellas, el abuso de determinados tipos de contratos, la gestión del personal, el fraccionamiento de contratos, el uso incorrecto de la caja fija, la alteración de competencias o la contratación reiterada con un licitador.  

Una herramienta que entrará en funcionamiento en abril de 2018. Los objetivos del Consell han sido fijados por Oltra. Según ha declarado, esta  herramienta “pionera” busca “recuperar el prestigio de la administración valenciana" y luchar contra una corrupción que en el pasado "se instaló en todas las esferas con el PP en el Consell”.

El consejero de Transparencia, Manuel Alcaraz ha explicado que “si se confirma una irregularidad, como ocurre ahora, se notificaría a la Conselleria responsable, o a la entidad del sector público. Si hay información más relevante, se daría parte a la Intervención, el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes o la Agencia Antifraude, mientras que en los casos más graves se remitiría directamente a Fiscalía”. Nada menos que seis organismos, sin contar una consejería entera, persiguiendo la corrupción.

Los inspctores de la Dirección General de Servicios pasan a tener rango de  “autoridad”

Asimismo, el  pleno del Consell acuerda, reforzar el papel  de la Inspección General de Servicios, al otorgarles rango de “autoridad”. Mediante un anteproyecto de Ley, se refuerza su  actuación. Se mejora su estructura (pasan de a tres funcionarios a 15) “y queremos aumentarlo hasta 20", según ha declarado Manuel Alcaraz.

Cabe señalar que la Inspección general de Servicios  es el máximo órgano de control interno de la Administración de la Generalitat, y se encarga de la vigilancia del estricto cumplimiento de la legalidad y de la observación de los principios generales que han de respetar las administraciones públicas en su actuación. Ahora se regulan sus atribuciones, como el carácter de autoridad del personal inspector de servicios y la inclusión de un régimen sancionador, además se le confiere autonomía funcional, para garantizar la eficacia de sus investigaciones y favorecer el cumplimiento de sus recomendaciones.