Oltra tiene a 30 centros de dependencia sin cobrar

Atasco en el departamento de contratación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra. Un departamento incapaz por el momento de mantener al día sus obligaciones contractuales y de pago con unos centros que, a punto de terminar el año, siguen prestando sus servicios de atención a personas dependientes pero sin tener un contrato al día. Una falta de respaldo contractual que bloquea en la práctica que pueden cobrar.

Un atasco de algunos millones de euros y que se da de manera recurrente desde este departamento. Esta vez, tras varias paralizaciones a lo largo del año, ahora se encuentran bloqueados los contratos de una treintena de centros desde el mes de mayo. Una atención a la dependencia que se da en mayores, salud mental, personas con discapacidad, residenciales y  centros de día

Un  bloqueo confirmado por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, AERTE.  En esta situación, sin contrato, se encuentran varias de las concesiones se renuevan por cuatro años y que en el ejercicio 2017 todavía no se han renovado formalmente y sin que se sepa cuando se va a hacer.

De momento, desde la Conselleria de Hacienda y como es preceptivo, a falta de contrato no se paga. Los más afortunados podrían cobrar una vez la administración abra expediente de reconocimiento y si el pleno del Consell toma la decisión de autorizar un pago sin documento contractual en vigor.

Esta paralización afecta a parte de las de 3.300 plazas que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas adjudicaba en noviembre del pasado año y que en la práctica se tendrá que haber resuelto formalmente en enero de 2017. Diez meses después, una treintena de contratos siguen sin estar firmados.  Para el presidente de Aerte José María Toro “esta situación no puede demorarse ni un día más”.

“Compromiso” de mejora en la gestión

El pacto del Botànic, el acuerdo de gobierno suscrito por el tripatito valenciano que forman PSPV, Compromís y Podemos, quedó renovado a principios de este año con la firma de un documento de 220 compromisos que inicialmente partía con 37.

La ampliación del acuerdo incluía la modernización y simplificación de los procesos administrativos. Semanas después, la falta de previsión, unida a los errores burocráticos y de contabilidad en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dejaba sin cobrar a la mayoría de empresas y ayuntamientos que gestionan residencias y servicios a personas dependientes de la Comunidad Valenciana.

En plena oleada de críticas desde el sector, la Conselleria de Oltra incrementó de forma significativa el presupuesto de este año para Igualdad y Políticas Inclusivas.  No obstante los retrasos de seis meses que han sufrido los pagos a las entidades que gestionan centros y servicios de la Generalitat o aquellos que tienen plazas concertadas es, según Aerte, la muestra de una "gestión  ineficiente de la consejería, tanto en la contabilización de las facturas como en la formalización de los nuevos contratos".

Así mientras con aportaciones del FLA se ha podido estar ahora “prácticamente al día”con el pago de facturas de las plazas de dependencia, no sucede lo mismo con los centros que siguen sin contrato. En la actualidad unos 300 centros distribuidos por las provincias de Valencia, Alicante y Castellón prestan servicios de atención a la dependencia