| 04 de Mayo de 2024 Director Benjamín López

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Alfonso Rus en el banquillo de los acusados.
Alfonso Rus en el banquillo de los acusados.

Taula: El expresidente Rus se libra del cohecho por Ciegsa

La Fiscalía Anticorrupción pide archivar la pieza que llevaba investigando siete años el presunto desvío de fondos en la empresa pública.

| Sonia García Edición Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha dado carpetazo a la investigación de presuntas adjudicaciones ilegales en la empresa pública Ciegsa en la etapa del expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, entre 2003 y 2007. Se trata de la pieza G de 'Taula' la macrocausa que ha sentado ha más de una veintena de altos cargos públicos en el banquillo, tanto populares como del PSOE. 

El fiscal Fernando Maldonado sostiene que no se puede concretar qué empresas constructoras recibieron las adjudicaciones ni qué personas recibieron dinero a cambio. Concretamente, señala que tampoco hay evidencias sobre una correlación entre el dinero recibido y una concreta obra adjudicada.

De este modo el fiscal tira la toalla al ver que no será posible esclarecer los hechos relacionados con la imputación del exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, el exgerente de Imelsa. Marcos Benavent (el 'yonki' del dinero), el expresidente de la Diputación de Valencia. Alfonso Rus, su exjefe de Gabinete Emilio Llopis y su exnúmero dos en la Diputación, Juan José Medina. Es más, la Fiscalía recuerda que, de existir delito de cohecho entre 2005 y 2006, ya habría prescrito, por lo que ha pedido el sobreseimiento de la pieza. 

Rus vuelve al banquillo por los 'zombis'

Paralelamente, la Audiencia Provincial de Valencia investiga ahora las piezas de los 'zombi' relacionadas con la presunta contratación de empleados en Imelsa que cobraban sin ir a trabajar y por lo que el expresidente volverá a sentarse en el banquillo el próximo martes.  

La Fiscalía reclama penas de prisión de 8 años para Alfonso Rus, 4 años y medio para Marcos Benavent, 13 años para su exsuegro, Mariano López, y otro empresario que actuó como administrador de Servimun, la firma adjudicataria, y 6 para un funcionario de la Diputación que supuestamente colaboró en el amaño.