Gobernar y legislar a trompicones

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de ayer publicaba el Decreto Ley 14/2022, que modifica la Ley de 1997 para adecuar el IRPF del tramo valenciano al impacto de la inflación, que en algún apartado califica como “galopante”. La exposición de motivos resulta pedagógica y hasta convincente. Incluso presume de optar por el tipo marginal menor para rentas inferiores a 12.000 euros (los famosos mileuristas) y esta vez no duelen prendas por citar a la Comunidad de Madrid como antecedente (junto a Canarias y La Rioja). Y contiene datos y cifras expresivas de una situación que ha llevado el Índice de Precios del Consumo hasta un 17,30% en el pasado mes de mayo.

No cita la guerra en Ucrania, ni incide en retóricas exculpatorias con los precios de la energía. Aunque, naturalmente, tampoco explica Puig por qué no sólo no se impulsó antes, sino que Díaz Ayuso fuera diana permanente por practicar lo que ahora le copia, con la boca pequeña y en escala reducida.

Traslada alguna preceptiva al campo del Impuesto de Transmisiones de Patrimonio y de los Actos Jurídicos Documentados, aunque de incidencia menor. Sin entrar en el meollo. El beneficio fiscal real para el contribuyente, aun siendo limitado, será bienvenido. Y es de agradecer que se tenga en cuenta en el cómputo la composición del grupo familiar como defienden los populares (cociente familiar), la adquisición o arrendamiento de vivienda y las energías renovables. Pero en lo que realmente resulta novedosa, es por su afección a legislación relacionada con el urbanismo y el medio ambiente. En consecuencia se ven afectadas la Ley de Ordenación del Territorio y el Paisaje (LOTUP), apenas un año más tarde de su última modificación, y la Ley 6/2014 de protección, calidad y control ambiental de actividades. Parece lógico que así sea, pero -me lo decía a propósito un experto en la materia- no dejamos de engordar el "monstruo administrativo". Lo cual es preocupante

El Decreto no olvida a la industria cerámica castellonense - ¡Castellón, Sra. Caviño! -a causa del gas, en un contexto que llega a considerar de “urgencia económica y emergencia climática”. Pero ni un rasgo de autocrítica por la falta de previsión hasta que todo esto ha llegado. Como si gobernaran otros. Y ha querido el destino que el Decreto fuera el último que firmara Mireia Mollá en su condición de consellera de Agricultura -primera en no asistir al relevo de su sucesora- antes de su aparatoso cese. Un enredo más de Compromís y un nuevo signo de debilidad de Puig que, mucho me temo, acabarán reflejando los próximos -y temidos- sondeos.

Un gobierno a trompicones que legisla a trompicones, en eso ha quedado el Botànic.