El Gobierno ataca a la separación de poderes para agradar a ERC
Sánchez ha rebasado todas las líneas rojas al prometerle al separatismo la "desjudicialización" de la política y la práctica eliminación del español en las aulas.
El Gobierno de España y la Generalidad de Cataluña han mantenido un nuevo encuentro de la llamada “Mesa del diálogo” esta semana, el espacio paralelo a las instituciones donde Sánchez y Junqueras avanzan en sus acuerdos e intercambian favores: el primero ha logrado respaldo a sus presupuestos e investiduras y los segundos concesiones de la envergadura de los indultos.
En esta ocasión se han registrado dos nuevos cambalaches para calmar a ERC, cuyo voto es decisivo para aprobar los Presupuestos de 2023 y, en general, para dar un poco de estabilidad a Sánchez en el último año de legislatura.
De un lado, el Gobierno renuncia a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que impone el 25% de la enseñanza pública en español. Y, al contrario, suscribe y amplía la Ley catalana posterior al fallo judicial: asume que cada centro podrá organizar su programa lingüístico como estime y además promoverá el catalán en el Senado y en la Unión Europea.
Y de otro, Sánchez se compromete a “desjudicializar” la política, sin acuerdos concretos como sería rebajar el delito de sedición por la falta de mayorías para reformar el Código Penal, pero con una concesión política peor: renuncia a que la Fiscalía General o la Abogacía del Estado hagan el trabajo que hicieron durante el “procés” y, en la práctica, “indulta” los excesos del separatismo antes de que se produzcan.
Como con Bildu
El Gobierno se empeña en decir que, gracias a esas concesiones, el separatismo renuncia a la unilateralidad, pero o eso es falso o es insuficiente: no se puede premiar a quien simplemente acata la ley, y mucho menos si a la vez se compromete uno a no apelar precisamente a la ley si vuelve a los excesos.
La realidad es que, por intereses personalísimos, Sánchez ha blanqueado al separatismo como nadie, asociándose a Bildu y ERC a un precio insoportable: unos escribirán la memoria democrática de España y otros deciden el futuro de la separación de poderes en España. Lamentable.