Sánchez moviliza a Ferraz para evitar que el TC paralice su asalto a la Justicia
Los socialistas se han personado en el Constitucional y piden comparecer en el recurso de amparo presentado por el PP contra la reforma del sistema de elección del tribunal de garantías.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Pedro Sánchez ha puesto en marcha la maquinaria de Ferraz para evitar que el Tribunal Constitucional paralice las enmiendas incluidas en la modificación del Código Penal que le permitirían tener un mayor control de la Justicia.
El PSOE ha presentado un escrito ante el tribunal de garantías en el que piden comparecer en el recurso de amparo presentado por el PP contra la reforma del sistema de elección de los magistrados del Constitucional, en el que exigían medidas cautelarísimas para paralizar la norma.
Los socialistas consideran que "una medida cautelar que pueda suspender el procedimiento parlamentario impide al conjunto de los diputados que ejerzan legítimamente sus funciones, como representantes de los ciudadanos en los que reside la soberanía popular y que tendrá una incidencia directa en el derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la Constitución de todos los diputados de imposible reparación".
Así, añaden que en el caso de pronunciarse y paralizar el trámite, como solicita el PP, se produciría "una injerencia del Tribunal Constitucional" que "colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde".
De hecho, insisten en que supondría una intromisión en el legislativo, ya que "conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de Gobierno de la Cámara (elegidos por los Diputados) y la mayoría de los diputados que han votado y aprobado los textos en las distintas fases del procedimiento legislativo".
El TC se reúne para decidir si impone medidas cautelares
Los socialistas lo han hecho justo unas horas antes de que se celebre un Pleno extraordinario para decidir si se admite a trámite el recurso del PP donde pide paralizar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de las enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada al TC de los dos candidatos nominados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fin de superar la parálisis actual.
Según ha informado la corte de garantías, en este Pleno "se resolverá sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas" por los diputados del PP, una ponencia que ha recaído sobre el magistrado Enrique Arnaldo.
El recurso se dirige contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia adoptado el pasado lunes, por el que se admitieron, entre otras, las enmiendas parciales número 61 y 62 planteadas por el PSOE y Unidas Podemos en el marco de la proposición de ley por la que se deroga el delito de sedición.
El PP ha explicado que el motivo de su recurso es que considera que se ha hecho "un uso fraudulento de los trámites parlamentarios" y las enmiendas suponen "un atentado a la separación de poderes y una quiebra grave del Estado de Derecho, además de ser indiscutiblemente incompatibles con la Constitución"
En dichas enmiendas, el PSOE y Unidas Podemos proponen pasar de una mayoría de tres quintos, que ahora requiere al menos 11 votos, a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.
Además, contemplan que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, proponga y vote solo a uno, lo que, según explican fuentes del CGPJ, garantizará que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque del Consejo (el progresista y el conservador). Esto es, en el caso de los progresistas: el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés.
En un comunicado, el PP ha explicado que el motivo de su recurso es que considera que se ha hecho "un uso fraudulento de los trámites parlamentarios", por la "falta de conexión" de las enmiendas con la proposición de ley, para dar vía libre a unas modificaciones que son "inconstitucionales de forma manifiesta".
"Las enmiendas suponen un atentado a la separación de poderes y una quiebra grave del Estado de Derecho, además de ser indiscutiblemente incompatibles con la Constitución", han indicado los 'populares'.
