06 de agosto de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Caos, manipulación y mentiras: el 8M cerca a un Gobierno caciquil y temeroso

La Justicia empieza a despejar la evidente responsabilidad política del Gobierno en la virulencia de la pandemia en España: la reacción represora de Sánchez atestigua su temor.

 

 

La bochornosa destitución del coronel Pérez de los Cobos se ha querido justificar en la “pérdida de confianza” de Marlaska, que es el eufemismo que el Gobierno utiliza cuando quiere quitarse de encima a funcionarios ímprobos que no le siguen el juego político.

Lo hizo con la Abogacía del Estado cuando no quiso plegarse a sus componendas políticas con los encausados del procés en el Tribunal Supremo y lo vuelve a hacer con un mando de la Benemérita que, simplemente, atendía las instrucciones cursadas por un juez en el transcurso de una una investigación.

Porque a este coronel le fulminan  por cumplir con sus obligaciones, señaladas por la juez Carmen Rodríguez Medel, que investiga la posible negligencia de altos cargos gubernamentales en la extensión del coronavirus en España. Ya hay casi medio centenar de demandas y querellas, por cierto, que denuncian eso mismo, y en todas ellas hay indicios de veracidad.

Que el mismo día del despido de un intachable guardia civil, la jueza decida imputar al Delegado del Gobierno en Madrid, lo resume todo: unos cumplen su trabajo e intentar saber si las autoridades tomaron decisiones contrarias a la salud pública de sus ciudadanos; y otros se sirven del poder para intentar tapar esa huella y evitar que la verdad prevalezca.

España tiene entre cinco y cien veces más muertos que el 95% de los países del mundo. Preguntarse por qué es una obligación que todos deberían considerar propia con independencia de su inclinación política, por respeto a los fallecidos y por respeto al tétrico paisaje social y económico que la pandemia está dejando en España.

 

 

Casi todos los fallecidos se contagiaron entre finales de febrero y la primera quincena de marzo. Y en esas fechas pasaron tres cosas. La primera, que el Gobierno ignoró todas las alertas internacionales, y fueron decenas: de la OMS, de la Unión Europea, de la Organización Médica Colegial e incluso del Ministerio de Sanidad.

La segunda, que sostuvo en público lo contrario de lo que ya le constaba en privado: aquí se comparecía en esas fechas para negar cualquier peligro, desaconsejar el uso de mascarillas, desechar la adquisición de material sanitario e insistir en que a lo sumo tendríamos “casos aislados”.

Y tercero: se permitieron cientos de eventos de masas… para no tener que suspender el 8M, probablemente, objeto de una batalla política en el seno del Gobierno, representada por Carmen Calvo e Irene Montero, por ver cuál de las dos se colgaba la medalla feminista más grande.

 

Cuando el Gobierno echa ahora la culpa al Metro de Madrid, al fútbol, a las misas o a todo lo que se mueva; en realidad se está inculpando más: todo eso podía haberlo suspendido también, como los vuelos a Italia o el cierre de fronteras, pero entonces hubiera tenido que hacer lo mismo con las marchas feministas. Y por ahí no quiso pasar.

Que una jueza lo investigue y un mando de la Guardia Civil cumpla con sus instrucciones demuestra que, pese a todo, la democracia funciona en España. Pero que un Gobierno reaccione echando a los funcionarios que cumplen con su obligación demuestra, también, que el Estado de Derecho está en riesgo.

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