La Acadèmia Valenciana de la Llengua arremete contra el Tribunal Supremo

La institución defiende que el concepto “ámbito lingüístico” está “plenamente asumido” y el PP lamenta que la Generalitat aún no se haya pronunciado.

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) considera que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el decreto del Consell que reguló el uso de las lenguas oficiales en la Generalitat es “contraria a la normalización del valenciano”, y muestra su apoyo al Consell en las acciones que emprenda para defender el uso del valenciano en la Administración Pública.

Además, la institución normativa del valenciano cree que la sentencia evidencia “una vez más” que hay una “necesidad urgente” de establecer el requisito lingüístico de acceso a la función pública, para poder garantizar el derecho de todos los valencianos a ser atendidos y recibir los escritos administrativos en su lengua preferente.

La AVL se ha pronunciado así este martes sobre la sentencia del Supremo que anula varios preceptos del decreto 61/2017, de 12 de mayo, del Consell, por el cual se regularon los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat, al considerar que vulneran la Constitución.

Según un comunicado de la Acadèmia de la Llengua, ésta no comparte la argumentación utilizada por el tribunal referida a la falta de validez jurídica del concepto “ámbito lingüístico”, el cual está “plenamente asumido” por el ordenamiento jurídico de esta institución.

Así, cita el artículo 4 de la Ley 7/1998 de Creación de la AVL; el Dictamen sobre los principios y criterios para la defensa y la denominación de la entidad del valenciano, aprobado por la institución en 2005, y las definiciones de valenciano y catalán que figuran en el Diccionari Normatiu Valencià.

Además, la AVL recuerda que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que forma parte del bloque de constitucionalidad, determina que la AVL es la institución de la Generalitat que tiene la competencia para establecer cuál es la naturaleza y la entidad del valenciano.

Por otro lado, señala que el hecho de impedir la comunicación en la lengua compartida entre administraciones públicas de diferentes comunidades autónomas “vulnera” la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, firmada y ratificada por España.

También considera que la sentencia “no protege la igualdad de los ciudadanos en cuanto a sus derechos lingüísticos, puesto que impide la adopción de las medidas más básicas de fomento del uso del valenciano, las cuales son una obligación para todas las administraciones e instituciones públicas”.

La AVL recuerda que la finalidad de este decreto del Consell era lograr una presencia equitativa de las dos lenguas oficiales -castellano y valenciano- en el ámbito de la Administración valenciana.

El PP lamenta que la Generalitat no haya hablado

La sentencia de Supremo desestimaba los recursos de casación presentados por la Abogacía de la Generalitat y el sindicato STE, ante el fallo del TSJ que atendía, a su vez, a los recursos presentado por los diputados autonómicos del PP, Jorge Bellver, y María José Ferrer.

El fallo del Supremo ha levantado una intensa polvoreda política, como es habitual en materia lingüística en la Comunidad Valenciana. Jorge Bellver ha calificado de “magnífica noticia para los valencianos” la sentencia del Supremo porque el decreto "pretendía hacer desaparecer el castellano de la administración pública”. Bellver ha celebrado en un comunicado que “hoy podemos decir que ese decreto elaborado por  Puig y Oltra, que pretendía acabar con el castellano en nuestra tierra, es ya historia” y ha lamentado que el presidente de la Generalitat no se haya manifestado todavía al respecto.

“No tiene sentido que salga adelante un decreto que lo único que pretendía es hacer desaparecer el castellano de la administración pública valenciana en contra de nuestro Estatuto”, ha señalado, si bien el decreto que recoge el derecho de pedir la documentación en castellano.

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