La Universidad española necesita una auditoría total y no una mera cacería al PP

La parte más positiva de la mayúscula controversia pública y política que ha desatado el ya famoso máster de Cristina Cifuentes y, en menor medida, de Pablo Casado; es que pone bajo los focos un sector, el universitario, extrañamente al margen hasta ahora del escrutinio que toda administración ha de tener por parte de las instituciones que lo tutelan y, desde luego, de la sociedad que lo sufraga.

La Universidad Rey Juan Carlos dispone de un presupuesto parecido al del Ayuntamiento de la ciudad que la hospeda, Móstoles, lo que da una idea de la magnitud de entidades educativas que, paradójicamente, parecen actuar al margen de los controles que sí soportan necesariamente todos los demás iconos del desmedido Estado que costea el contribuyente en sus tres esferas municipal, autonómica y nacional.

Urge una auditoría a fondo de la Universidad española: ni cubrir a Cifuentes ni simular que es una excepción

Esa magnitud da una idea del coste que conllevan las 50 universidades públicas españolas, con sus dos centenares de campus y sus incontables fundaciones, institutos, observatorios, centros y empresas: una ratio que supera cuantitativa y cualitativamente a las de países con más población, caso de Alemania, pero no se corresponde con el éxito con el que luego compensan el esfuerzo económico colectivo que suponen.

Porque año a año, ninguna Universidad española aparece entre las doscientas primeras de los ránking internacionales. Sólo en coste de la plantilla con arreglo al presupuesto total, en opacidad y en endogamia, la Universidad española es puntera.

En ese sentido, es bien positivo que la institución académica, en su conjunto, aparezca al fin en el radar social, político y mediático. Pero sería muy negativo que se limitara a uno o dos casos, presentados como excepciones para dañar a un único partido pese a que, con seguridad, son norma.

Toda la investigación

Las sospechas sobre el máster de Cifuentes sin duda deben ser aclaradas por quienes, al emitir una conclusión definitiva, no puedan ser replicados: la propia Universidad y sus observadores o, si con esto no llega, la Fiscalía que ya ha intervenido en el caso. Y si de todo ello se deriva una manipulación premeditada de un título con el conocimiento de la beneficiada, sin duda habrá acabado la carrera de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por lamentable que sea dilapidar de una manera tan soez una carrera que prometía ser brillante.

No esperar a que ese dictamen llegue, sabiendo que ha de llegar necesariamente en breve, coloca la polémica en un escenario político menos edificante en el que no sólo se derriba la presunción de inocencia, sino que se altera el orden razonable de la investigación para anteponer la condena a las respuestas: la moción de censura o la dimisión de Cifuentes serían necesarias o inevitables si se evidenciara que efectivamente recibió por regalo un máster; pero suenan a estrategia electoral de sus rivales si no se aguarda a ese instante y se corre más de lo razonable impulsados por un interés que no es tan limpio como se pretende.

Que hay algo más que ganas de verdad lo demuestra que un inhabilitado como Errejón quiera pasar por relevo regenerador

Pero lo que en realidad sería infumable es limitar a este caso y a esta universidad la fiscalización que exigen todas, ahora inevitable por el nivel de exigencia elegido por los detractores de Cifuentes: si un máster más que dudoso le puede costar el puesto y, en todo caso, le obliga a un calvario de comparecencias y preguntas que examinan hasta el más mínimo detalle de su trayectoria académica; todos los que hayan hecho otros dirigentes políticos o sindicales y todas las plazas que ellos o sus familiares ostenten en la Universidad española han de ser sometidas a la misma exigencia y escrutinio.

No es un planteamiento baladí ni, desde luego, una manera de cubrir las responsabilidades de Cifuentes ni de nadie, sino de abrir el foco para lograr una regeneración real del sector universitario y no un mero ajuste de cuentas entre políticos.

No puede ser, por utilizar un ejemplo a modo de resumen, que el paladín de la defenestración de la actual inquilina de la Puerta del Sol sea Íñigo Errejón, inhabilitado en la Universidad de Málaga por disfrutar de un contrato a dedo por un trabajo que no hizo presencialmente; como no puede ser que se señale a la más que sospechosa Rey Juan Carlos sin chequear si ocurre lo mismo en tres universidades madrileñas históricamente dirigidas, nada menos, por significados militantes del PSOE como Gregorio Peces Barba, Virgilio Zapatero o el propio Ángel Gabilondo.

Una auditoría total

Sin culparles de nada, el sistema es el mismo en todas las universidades y la sospecha de nepotismo está más que documentada en incesantes casos y sustentada en estadísticas, cifras y estudios oficiales que atestiguan, en el mejor de los casos, una mezcla de inoperancia y nepotismo inaceptable.

La Universidad española necesita que se abran las ventanas y se levanten las alfombras, y todo aquel que no comparta e impulse esta innegociable exigencia, estará demostrando que la universidad y la sociedad le importan bien poco y que su único objetivo es electoral y político.