La consellera Bravo sale mal parada por la adjudicación a dedo de unas obras

La reforma del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sufre un contratiempo más y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, un  nuevo revés por la adjudicación "a dedo" de dichas obras. 

La Conselleria de Justicia deberá sacar a concurso público las obras de reforma de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que había adjudicado a la empresa pública Tragsa, sin mediar concurso.

El Tribunal Central Administrativo ha admitido parcialmente el recurso presentado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), a instancias de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana que (CCCV), para que se anulara esta adjudicación a Tragsa por ser contraria a la ley de contratos.

La Conselleria de Justicia sacó a concurso el "Servicio de Arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción del proyecto y dirección de las obras de adecuación funcional del TSJCV", por 645.559, 20 euros, que quedó desierto el 13 de junio de 2018. La CNC presentó un recurso especial de contratación contra esta decisión, que no se admitió.

Dos meses después, el departamento que dirige Gabriela Bravo acordó adjudicar a la empresa pública Tragsa la redacción del proyecto de reforma del TSJCV aunque añadió la ejecución de las obras (en lugar de la dirección), que en este caso ascendían a 24.956. 366,89 euros. Justicia alegaba razones de "urgencia y seguridad" para recurrir a la empresa pública. La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana advirtió por carta a la consellera, al conseller de Hacienda, Vicent Soler, y al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de la arbitrariedad de esta adjudicación. Por ello, los contratistas valencianos solicitaba que se revocara la decisión adjudicar a Tragsa las obras de reforma del TSJCV.

Finalmente, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha fallado a favor de los contratistas y ha anulado la adjudicación de las obras del reforma del TSJCV a Tragsa por varios motivos, entre ellos, por "razones de seguridad y urgencia" esgrimidas por Justicia, ya que "no se aprecian los motivos excepcionales de urgencia alegados en el recurso. No parece lógico que una obra supuestamente urgente se haya de ejecutar en tres años", advierte el tribunal. Y añade, además, como defendían los Contratistas, que "el ámbito de actuación de Tragsa se circunscribe al mundo rural", por lo que no puede ejecutar obra urbanas como la reforma del TSJCV.

El PPCV pide que la consellera de Justicia asuma responsabilidades "de inmediato"

La portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha exigido hoy a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, "que asuma responsabilidades de inmediato", después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya anulado estas obras.

Ferrer San-Segundo ha recordado que ya había advertido, "expresamente y en varias ocasiones, también en sede parlamentaria", que la adjudicación 'a dedo' de estas obras a la empresa Tragsa "acarrearía numerosos problemas, conllevando la paralización, y retraso, de la rehabilitación del TSJ". "Y, como siempre -ha proseguido- Bravo y el Consell Botànic de Puig/Oltra, que fue también avisado de la 'ilegalidad' por la Cámara de Contratistas instando la revocación de la encomienda, hicieron oídos sordos y siguieron a la suya, ignorando, no solo las razonadas argumentaciones del Partido Popular, sino también el clamor del sector". El recurso fue interpuesto por la Confederación Nacional de la Construcción y apoyado por numerosas organizaciones representativas en la Comunitat Valenciana.

"Que el proceso seguido por Bravo en la contratación de un obra tan importante, e inaplazable, como la remodelación de TSJCV, podía ser declarado ilegal, era una evidencia para cualquier jurista con mínimo nivel de pericia" -ha explicado la portavoz de Justicia popular. "Pero es que, además, fue denunciado públicamente una y otra vez, ante Bravo y el Consell. Y ni aun siendo reiteradamente advertida, revocó la contratación para corregir la irregularidad y no causar más demoras ni perjuicios", ha proseguido.

Ferrer San-Segundo ha resaltado, finalmente, que "incurrir en ilegalidades, cuando además son especialmente alertadas, resulta especialmente grave, inexcusable, en una Consellera que presume continuamente de su formación jurídica". "Una gestión irregular -además no es la primera- que provoca perjuicios previsibles en lugar de evitarlos, exige asumir responsabilidades, jurídicas y por supuesto políticas: su dimisión inmediata. Puig no puede mantenerla un minuto más en una responsabilidad gestionada de forma irresponsable", ha concluido.