¿Por qué se hacen leyes y decretos inconstitucionales en Valencia?

Desde que el hombre es hombre (y la mujer mujer) la pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina, permanece irresoluta. Para el caso que nos ocupa se trataría de saber si …

• 1) los legisladores valencianos conocen los límites de competencias que les marca la Constitución Española

• 2) sus asesores legales comenten errores al dar forma a los nuevos preceptos legales valencianos

• 3) hay exceso de celo en la Administración central o en su defecto afán de recentralización

• 4) interesa el conflicto permanente de la Generalitat con el Estado o al menos con el Gobierno por mero tacticismo político

En caso de respuesta afirmativa, la lógica profesional, tan alejada de la política, aconsejaría como acción preferente para los sujetos afectados …

• 1) instar a la dimisión por incompetencia e instalar en otros pesebres en los que resulten menos dañinos, para el primer supuesto

• 2) para el segundo caso, reforzar los controles para evitar que estas cosas pasen, y si ni así, destitúyaseles sin mayor miramiento

• 3) y 4) para la tercera y/o cuarta situación, denúnciese y combátase políticamente

La última “víctima” conocida de esta ola, crecientemente explotada en sentidos contrarios por las partes litigantes, ha sido el decreto-ley tripartito valenciano de acceso universal a la sanidad, anulado por el Tribunal Constitucional a instancias del actual Gobierno, del PP.

Antes del primer anuncio -a bombo y platillo- de la consellera Carmen Montón, fueron recurridas:

• 1) la ley de función social de la vivienda (antideshaucios)

• 2) la de pobreza energética

• 3) la de designación de senadores

• 4), 5) y 6) las comprendidas en el derecho foral civil valenciano (la ley de custodia compartida preferente, el régimen económico matrimonial de separación de bienes, los efectos civiles de las uniones de hecho)

• 7) el uso preferente del valenciano en zonas castellanohablantes.

Ésta, sin embargo, no es una costumbre propia del centro-derecha gobernante en Madrid con la que combatir la acción ejecutiva de la izquierda autonómica porque también el PSOE recurrió a esta herramienta contra gobiernos del PP. Sirvan de ejemplos:

• 1) el copago a la dependencia

• 2) el cierre de RTVV

• 3) los PGE 2016

Y no olvidemos que no sólo a la Comunidad Valenciana se le plantean en la actualidad este tipo de litigios porque el Gobierno va a cerrar 2017 duplicando el número de recursos presentados antes el Constitucional contra leyes autonómicas.

Demos por hecho -como aseguran dos fuentes jurídicas consultadas- que los abogados parlamentarios resultan en la actualidad tan capaces como lo han sido siempre, que "en la Asesoría están hartos", que "avisan" (como hiciera en su caso el secretario del Parlament de Catalunya), y que no se respeta la "reserva de competencia constitucional del Estado".

Así las cosas, cabría pensar pues  -con el juez alicantino Luis Segovia, y en la mejor intencionada  de las opciones posibles- que “son ganas de legislar por legislar”.