18 de noviembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Diga lo que diga el Supremo, hubo rebelión: quisieron derogar la Constitución

La sentencia posible del Supremo parece coincidir con los deseos de Sánchez y deja un mal precedente para responder a otra insurgencia del independentismo.

 

 

Si se cumplen los pronósticos, convenientemente filtrados para apaciguar el golpe judicial y evitar un estallido callejero probablemente, los nueve políticos catalanes encausados en el Tribunal Supremo serán condenados por delitos de sedición y de malversación, pero no de rebelión.

Conviene recalcar de antemano que la sedición es gravísima y que las penas están a la altura, en contundencia, de la magnitud del abuso: con una pena de ese tipo, será difícil que Junqueras rebaje mucho de los 15 años su estancia máxima en prisión (a expensas de reducciones u otras medidas de gracia política) y que el resto lo hagan de diez.

Son penas muy duras, pues, y ojalá sienten un precedente que puede y debe actuar a modo de antídoto para que otros dirigentes independentistas se lo piensen mucho antes de pisotear de nuevo la ley: tiene consecuencias, aunque a veces el Estado de Derecho parezca lento o ingenuo, y éstas no son precisamente menores ni livianas.

Dicho lo cual, es imposible no detectar en el Alto Tribunal un componente político en su sentencia, si se confirma. Porque contradice todo lo que habían afirmado los jueces instructores previos al juicio, con Llarena al frente, y porque compra la improvisada teoría de la Abogacía del Estado, que cambió su acusación de rebelión a sedición justo -vaya casualidad- cuando entró Pedro Sánchez en  el Gobierno.

Hasta entonces, la institución coincidía con los magistrados de instrucción y con la fiscalía en que los insurgentes se sirvieron o animaron la violencia, que consiste no solo en el empleo de armas; y que buscaban la anulación de la Constitución en Cataluña: dos ingredientes básicos del delito de rebelión.

Si el Supremo suscribe la tesis de la Abogacía del Estado, que rebajó la gravedad del Golpe cuando el PSOE llegó al poder, deberá explicarlo muy bien

SI proclamar la independencia unilateral en el Parlamento, redactar una Carta Magna propia, impulsar leyes de desconexión y  desoír sistemáticamente las advertencias del Tribunal Constitución no es un intento de libro de conculcar la ley de todos en Cataluña, ¿qué es entonces?

La utilización de los Mossos, las amenazas de choque entre Cuerpos de Seguridad proferidas por el conseller de Interior, las coacciones a policías y guardias civiles, el cerco a instituciones o las agresiones a policías constituyen además ejemplos palmarios de violencia, un recurso  implícito en la mera declaración de independencia a la fuerza.

Al igual que las agresiones sexuales no necesitan de consumación, según consenso unánime, la violencia no debiera requerir imágenes como la de Tejero en el Congreso en 1981 para que se perciba su existencia: el mero hecho de utilizar los poderes públicos autonómicos contra el ordenamiento jurídico nacional y la fractura social que se genera en la convivencia es, en sí mismo, violento.

Todo más fácil para el independentismo

No parece desde luego el juez Marchena alguien fácil de presionar ni de dejarse llevar por intereses políticos, y en ese sentido habrá que acatar la sentencia sea cual sea en la certeza de que la Sala de lo Penal habrá actuado con la diligencia y el rigor debidos. Pero a la vez van a tener que explicar muy bien por qué se les exonera de un delito que el PSOE no quería ni en pintura.

Y no estaría de más que se preguntaran los magistrados también si no van a animar al independentismo a repetir sus jugarretas. ¿Porque en adelante no serán tampoco acciones rebeldes no? Tampoco parece igual de fácil aplicar un nuevo 155 en adelante y sí más probable, por contra, que a medio plazo se soliciten y concedan los indultos: no son ni rebeldes ni violentos. O eso dice el Supremo al parecer.

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