Servicios sociales: una ley con mucha precipitación

La macro ley de servicios sociales carece, como ya lo hemos visto en otras leyes, de un proyecto de financiación. Con lo cual es una bonita idea que no tendrá transcendencia práctica

El azar de la política y de la vida me ha llevado a conocer de primera mano la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos que la Conselleria de la vicepresidenta Mónica Oltra pretende aprobar esta semana en las Cortes Valencianas.
Y claro que lo conseguirá. Sus entregados grupos parlamentarios, los del Botánic (Compromís, PSOE y Podem), han hecho todas la filigranas posibles para tramitar una ley que debía de ser eje, y base de una legislatura responsable, y se va a aprobar ahora, en el último minuto, y porque sí, para engordar datos de no se qué delirio numérico de la sra. vicepresidenta.
Porque cualquiera diría para empezar, que se comenzó “la casa por el tejado” de los servicios sociales, y así nos va: impagos, desatención, ….. mayores sin plazas, jóvenes y menores afinados en centros, discapacitados sin centros ocupacionales, familias acogedoras sin ayudas…
Y con esta realidad, y los reproches y culpas de unos miembros del gobierno a otros (Servicios Sociales (Oltra), acusa al conseller de Economía (Soler ) de sus desgracias), como si a las personas que sufren les aliviase su dolor un reproche político, que es tan manido y caduco como la propia existencia de la debilidad humana.
La realidad es que se está más pendiente de la actualidad política, próximas las elecciones que del sufrimiento de las personas, por mucho que se abanderan dichas causas pero luego no se atienden.
Porque la realidad de la macro ley de servicios sociales, una copia por cierto del sistema de sanidad, que evidentemente no implantó Compromís, carece, como ya lo hemos visto en otras leyes del sector de la izquierda, de un proyecto de financiación. Con lo cual es una bonita idea que no tendrá transcendencia práctica, hasta que no se dote económicamente.
Y he aquí la cuestión, ¿se dotará?, pues tampoco lo prevé la ley, aún cuando debería, si lo que interesara fuese garantizar su cumplimiento, pero no, se deja a la Generalitat de turno, evidentemente la próxima legislatura, su interés en desarrollarla.
¿Y mientras tanto qué?, ¿y si los derechos que reconocen son exigibles a la entrada en vigor? ¿Cómo capearán los Ayuntamientos las demandas de sus administrados? Seguro que solucionando los problemas de la gente como administración más cercana, que siempre da la cara.
Y mientras tanto la señora vicepresidenta, en su pugna electoral esgrimirá unos magníficos datos, que pretenden “salvar personas”, a las que no creo que ya vayan a engañar. Y si no que se lo pregunten a tantas familias que se manifiestan una y otra vez, porque no reciben lo que se les prometió. Eso se llama engaño y demagogia, y la izquierda siempre se ha movido en esas aguas bastante bien.

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